Carles Puigdemont intentará driblar al TC con una nueva ley sobre la pobreza

Carles Puigdemont ha celebrado este martes su primera gran cumbre, una costumbre que arraigó durante el liderazgo de Artur Mas y que esta vez ha servido para detectar el cambio de los tiempos. Mientras las cumbres de Mas eran todas de cariz meramente soberanista y patriótico, la de Puigdemont fue presidida por el eje social. Que los soberanistas quieren injertar en el ‘procés’, cierto, pero social al fin y al cabo. El propio Puigdemont ha señalado tras la multitudinaria reunión (40 personas) que para esquivar la suspensión hoy hecha efectiva por parte del Tribunal Constitucional de la ley de emergencia habitacional y pobreza energética, se va a impulsar un nuevo texto. El Govern, según fuentes de ambas trincheras internas, la convergente y la republicana, está "cohesionado y el acuerdo es total".

Y la aclaración era pertinente porque la duda, siempre acechante sobre la sinceridad de las relaciones entre CDC y ERC, había asomado. A poco de terminar la reunión, el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha tuiteado: “Compromiso de ratificar las leyes que protegen a las personas en situación de emergencia residencial y de pobreza energética”. Es decir, la propuesta con la que ha acudido Junts pel Sí a la reunion del Palau de la Generalitat, como ha señalado el convergente Jordi Turull a la entrada. De cumplirse este punto, ello significaría que los 72 diputados de JxSí y la CUP, más todos aquellos que se pudieran sumar, incurrirán en una desobediencia flagrante. También la Mesa del Parlament, cuya presidenta, Carme Forcadell, también ha asistido a la cita de Palau, así como todos los líderes políticos, una docena de alcaldes de las principales ciudades catalanas, entre ellas Barcelona, y las entidades sociales que promovieron la ILP que dio paso a la ley.

Entonces, ¿se ratifica la ley suspendida y se hace otra? No. Puigdemont y Junqueras se referían a lo mismo. La forma en que el ‘president’ ha decidido ratificar el texto recurrido es la elaboración “urgente”, ha dicho, de otra ley. Muy en la línea convergente de rechazar que se realice una abierta desobediencia al Estado y alegar que se es fiel a la soberanía del Parlament. Se quiere tener el anteproyecto listo en una semana. Existe el peligro de que, tras la suspensión, "haya una ola de desahucios", ha señalado el 'president'.

Fuentes presentes en la sala sospechaban, sin embargo, que tras la presencia de la Conselleria de Governació y del Consell de la Advocacia en la elaboración del nuevo texto (junto a la de los promotores de la ILP que alumbraron la ley) se esconde la voluntad, por parte del Govern, de pulir la nueva norma para driblar al TC. Otra voz ha afirmado a este diario que no salía del cónclave “con la sensación de que se vaya a ratificar el texto suspendido”, es decir, que no se bordearía la desobediencia.

SUSPENSIÓN SIN EFECTO

En su comparecencia, Puigdemont ha declarado, eso sí, que el cónclave había llegado al “compromiso de dejar sin efectos prácticos la suspensión del TC”. En opinión del ‘president’, la cumbre demuestra que la cuestión no supone “un conflicto entre dos administraciones o ideologías”, sino algo que afecta a “mucha gente”.

La intención de Puigdemont es “mantener las herramientas para dar respuesta a las necesidades de vivienda y pobreza energética”. Para ello se redactará la nueva ley, que se intentará que tenga “sólidas bases jurídicas”. En un breve lapso de tiempo también se pretende tener un proyecto de ley para desplegar mecanismos fiscales sobre los pisos vacíos, una de las partes dejadas por el TC en el limbo.

Cabe contar, también, que el futuro de la nueva ley se jugará en gran parte en Madrid, puesto que los plazos que pueden llevar a un nuevo recurso del Gobierno puede coincidir con las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo, tras el 26-J. En esta línea, Inés Arrimadas, la líder parlamentaria de Ciutadans, tras criticar el victimismo del Govern con las acciones del TC, ha afirmado, en la reunión, que no estaba de acuerdo con el recurso del Gabinete de Mariano Rajoy. Y, a fecha de hoy, es demoscópicamente imposible que el PP renueve en la Moncloa sin el apoyo del partido de Albert Rivera.

SOBERANISMO Y COLAUISMO

En la cumbre hubo cierto aire de juego persecución entre el gato y el ratón. En él, los soberanistas pretendían atrapar bajo sus redes al colauismo, entendido este como la suma de la propia alcaldesa de Barcelona, los representantes de Catalunya Sí que es Pot, y las entidades más cercanas, como la PAH. El soberanismo ve en esta suspensión de parte de la ley de emergencia habitacional y pobreza energética una forma de injertar en el tronco del independentismo todo el movimiento que orbita alrededor de la lucha por los derechos sociales.

La respuesta del colauismo fue esquiva y centrada en que más allá de las partes suspendidas de la ley, no se ha empezado a aplicar el resto de la norma, algo que se podría estar haciendo. "La ley está vigente porque la necesidad sigue ahí" ha señalado la propia Ada Colau que ha aseverado que se pondrán en marcha medidas "como si no hubiera pasado nada".