La crisis de los 35

Todavía no ha llegado a los 40, pero ya está en crisis. A sus 35 años recién cumplidos, la Constitución soporta como puede los vaivenes de una clase política que la esgrime en función de intereses partidistas y se encuentra inmersa en el debate sobre si debe o no someterse a una reforma en profundidad. Siete catedráticos de Derecho Constitucional debaten en estas líneas sobre su vigencia o la cabida en su articulado del derecho a decidir, entre otros temas.

¿Es todavía útil? Los siete expertos coinciden en afirmar que la Constitución no está en su mejor momento, a pesar de su corto recorrido. Y emerge, desde primer momento, la cuestión territorial y el siempre polémico encaje de las comunidades históricas.

La catedrática de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercè Barceló critica a los políticos por haber alterado a su antojo el texto originario constitucional: «El sistema territorial que la Constitución esboza, un sistema asimétrico que da cabida a los territorios históricos, ha sido sustituido por el legislador por un sistema homogéneo, ineficaz, caro e innecesario». Una reflexión que comparte Marc Carrillo, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

¿Y genera respeto o rechazo? Carrillo sostiene que ahora genera rechazo porque los que la interpretan no han resuelto la cuestión territorial. Pero pide respeto. «La Constitución supuso una ruptura jurídica y política frente a la dictadura: estableció la división de poderes y la garantía de los derechos. Un patrimonio indeclinable».

Miguel Ángel Presno Linera, de la Universidad de Oviedo, achaca muchos de los actuales problemas del texto a la ceguera de los que en los años 90 se negaron a modificarla. «Hay partes que ya no sirven en una sociedad del siglo XXI». Y acusa a las fuerzas políticas de no liderar la reforma del texto porque «temen perder poder».

Montserrat Nebrera, de la Universitat Internacional de Catalu-nya, abre el melón de la Iglesia y la Corona, temas polémicos que dividen a la población y con efectos colaterales complejos. La profesora asegura que en España «no hay cultura política democrática suficiente» para transformarse en una República presidencialista. «Si lo que se pretende es solo un cambio en el sistema de sucesión, el ruido me parece demasiado para obtener pocas nueces». Y realiza una interesante advertencia ante la posibilidad de retocar el papel de la Iglesia: «No creo que sea fácil adoptar una posición justa y leal sin recordar las dos dimensiones que la institución cubre, espiritual y social, simbólica y solidaria».

Desde la Universidad del País Vasco, Eduardo Vírgala Foruria critica el deterioro institucional que se está produciendo en algunos órganos de garantía, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, «por su colonización partidaria». «Nada de eso contribuye a una vida robusta de la Constitución», advierte.

La denuncia casi se la quita de la boca Xavier Arbós, de la Universitat de Barcelona, que pide una reforma urgente que devuelva el prestigio a las instituciones. Y añade a la lista que el fiscal general del Estado «sea designado por las Cortes, por mayorías amplias, y que proceda de la carrera fiscal».

Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada, exige sentido común. «Pactemos primero lo que queramos y actuemos en consecuencia. ¿Un sistema político más participativo? Reformemos el artículo 87 para ampliar la iniciativa legislativa ciudadana y el 92 para le referendo».

Finalmente, ¿tiene cabida el derecho a decidir en la Constitución? Todos, menos Carrillo, que prefiere reservar su opinión, entienden que no. Pero Barceló puntualiza: «La Constitución ampara que los ciudadanos de Catalunya puedan ser consultados sobre su futuro como comunidad política y, en concreto, sobre su posible secesión de España».