¿Cuánto costaría el plan de choque social de Junts pel Sí?

La negociación entre Junts pel Sí y la CUP en el flanco social avanza de forma "fluida", sostienen fuentes de la coalición de CDC y ERC. Los representantes de la formación anticapitalista valoraron el plan de choque social propuesto, pero advirtieron que se trata de unas medidas que requieren un calendario de aplicación y, sobre todo, un presupuesto económico -o una prórroga presupuestaria con correcciones- con el que hacerlas realidad. "Asumimos que no haremos un plan de choque ambicioso", ha afirmado la diputada Eulàlia Reguant en una entrevista en CatalunyaPlural. Pero, ¿cuánto dinero costarían las 20 medidas de que consta el plan?

Unos 250 millones de euros. Esta es la cifra que calcula Junts pel Sí, una cantidad que la coalición considera perfectamente viable pese al actual marco de estrechez presupuestaria y de tesorería del Govern. Pero sin duda requeriría de la aprobación de unos nuevos presupuestos. Las medidas que más inyección se llevarían son la reducción a la mitad de las listas de espera en la sanidad, seguidas de la atención a todas las personas con derecho a la prestación de la ley de dependencia. Y en tercer lugar, la promesa de otorgar la renta mínima de inserción como derecho subjetivo, es decir, a todos los catalanes que reúnan las condiciones para percibirla.

Capítulo aparte en la negociación merecen otros flancos como el proceso de ruptura con el Estado y la figura del 'president'. En relación con la ruptura, la CUP ha criticado que Junts pel Sí siga apelando al Tribunal Constitucional (TC) pese a haber aprobado una resolución de "desconexión" en el Parlament el pasado 9 de noviembre en la que se considera a este organismo deslegitimado en Catalunya. En cuanto al 'president', por el momento la CUP manteniendo como innegociable su propósito de no investir a Mas.

LISTAS DE ESPERA A LA MITAD

Respecto a las listas de espera, el compromiso concreto es reducirlas un 50% para la primera visita al especialista y para pruebas diagnósticas complementarias, y un 10% para intervenciones quirúrgicas de patologías no graves. Reducir las listas de espera quirúrgicas es, según dijo en junio el 'conseller' de Salut, Boi Ruiz, la gran prioridad de su departamento, junto con el incremento presupuestario y la recuperación salarial de los profesionales.

Otra medida estrella pasaría por brindar la prestación por dependencia a los 15.332 ciudadanos con derecho a recibirla pero que hoy no la cobran, según el Observatorio de la Dependencia. El Govern ha insistido reiteradamente en el sobrecoste que representa para la Generalitat atender a los dependientes, dado que el Estado ha recortado progresivamente sus obligaciones al respecto. En concreto, solo paga el 13% frente al 87% que aporta el Govern, según la vicepresidenta y 'consellera' de Benestar i Família en funciones, Neus Munté.

RECUPERAR LO RECORTADO EN LA RMI

En cuanto a la renta mínima, se trata de una prestación asistencial destinada a las personas sin los recursos básicos, a la que el Govern de Mas restringió el acceso en 2011 negando el carácter de derecho subjetivo (para todos quienes reunían los requisitos), un carácter que ahora promete recuperar. La prestación es de unos 420 euros, una cifra que se incrementa en función de los miembros de la unidad familiar (55 euros para el primer, segundo y tercer miembro, 35 para el cuarto y los siguientes).

El entonces 'conseller' de Empresa Francesc Xavier Mena negaba el recorte y se aferraba a una actuación contra un fraude por parte de los beneficiarios que nunca fue del todo cuantificado. Las entidades del tercer sector social han reclamado reiteradamente que esta prestación se reforme y sea un derecho subjetivo. El pacto de legislatura de CiU con ERC en el 2012 incluía ya aplicar la reforma de la renta mínima. No se ha llevado a cabo. Mas ha argumentado en su defensa que el presupuesto destinado a la renta mínima es el más alto jamás otorgado: 173 millones de euros. Se calcula que en Catalunya hay 220.000 hogares sin ningún ingreso.

PENDIENTES DEL ESTADO PROPIO

El resto de medidas de aplicación en los próximos 18 meses desde la investidura son el 100% de cobertura para la alimentación de los menores en situación de pobreza infantil, la aplicación de la ley vigente contra la pobreza energética, medidas contra la emergencia habitacional, en relación a realojamientos y familias desahuciadas. Y, mediante nuevos presupuestos, la contratación de más profesores en barrios con dificultades, la tendencia a cubrir todas las demandas de plazas públicsa de guardería, equiparar el parque de vivienda pública a la media europea (hoy sólo el 1% del parque es público) y recuperar la ley de barrios impulsada por el Govern de Pasqual Maragall.

El resto de promesas dependen de la consecución del Estado propio: subir el salario mínimo a 1.000 euros, instaurar la dación en pago, crear un banco público, crear una policía fiscal, detener la privatización del canon del agua o retirar los conciertos educativos con dinero público a los centros que segregan a los alumnos por sexo.