Las secuelas de la corrupción y del 9-N gobiernan la agenda de Rajoy

Después de siete días de tensión máxima en la Moncloa y en el PP, comienza otra semana que amenaza que ser igual o aún más espinosa para Mariano Rajoy, cuya agenda para las próximas jornadas viene marcada desde los tribunales y Catalunya sin que otros asuntos, por más que se empeñe el gabinete presidencial, consigan imponerse y encontrar un hueco en el que resaltar ante la opinión pública. El jefe del Ejecutivo tiene programado como plato fuerte para hoy el acto de investidura como Doctor Honoris Causa en la universidad Camilo José Cela al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se encuentra de visita oficial en España y con quien protagonizará varios eventos. Pero quiera o no Rajoy tendrá que estar pendiente de la evolución de la operación Púnica y sus consecuencias para su partido, dado que el PP se va a ver obligado a arremangarse y tomar decisiones sorprendentes.

Así, desde las filas populares en León se van a presentar dos mociones de censura contra su compañero, el presidente de Diputación en León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez --sucesor de la asesinada Isabel Carrasco--, que se encuentra encarcelado por corrupción y aferrado a unos cargos que van a tener que arrebatarle a la fuerza, según parece. "El partido considera que resulta absolutamente inviable gobernar una institución desde la cárcel bajo una situación de prisión preventiva cuya duración es indefinida", puntualizó ayer el PP leonés en un comunicado.

CON EL CIS DE FONDO

Exactamente lo mismo y por parecidas razones puede suceder en las próximas horas en los pueblos madrileños de Villalba, Casarrubuelos y Valdemoro, donde Esperanza Aguirre amenaza desde el PP de Madrid con utilizar las mociones de censura para expulsar de las alcaldías a regidores que se niegan a dimitir y que, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, estaban conchabados con Francisco Granados, el cabecilla de una "organización criminal".

La dirección nacional del partido, por su parte, tiene previsto reunir hoy a una representación de sus alcaldes en la se de central del PP, a fin de acelerar los preparativos de las elecciones municipales de mayo, que vendrán precedidas de una gran convención popular en enero.

La pasada semana se citó también en Madrid a respresentantes autonómicos, sin perder de vista que la lluvia de novedades en casos de corrupción como Gürtel, los 'papeles de Bárcenas', las tarjetas negras, la operación Púnica que está empapando la credibilidad de los conservadores (aunque ataña también a otras organizaciones políticas) obliga a tomar la iniciativa cuanto antes. Sobre todo si se tiene en cuenta que es cuestión de días que se publique un importante barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que coloca a Podemos con posibilidades reales de gobernar ante la caída sin freno del bipartidismo en España.

Pero si el día de hoy promete no ser fácil para Rajoy y los suyos, tampoco será un día apacible el martes, jornada en que el presidente estará en Valencia y pendiente del Tribunal Constitucional.

CRISIS CATALANA

Rajoy estará en Alicante para participar en el XVII congreso del instituto de la Empresa Familiar, 24 horas después de que lo haya inaugurado el rey Felipe. El seminario es relevante, pero también incómodo para el monarca y, sobre todo, para el jefe del Ejecutivo, que seguramente tendrá que hacerse una foto con la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, miembro de su partido y salpicada --y mucho-- por casos de corrupción ligados a la comunidad Valenciana y que se niega a dejar su puesto, pese a que el equipo del presidente de Valencia, el también popular Alberto Fabra, ha presionado para que abandone sus actuales responsabilidades. Pero no ha habido manera. Al menos, hasta el momento.

El mismo día está convocado un pleno del Tribunal Constitucional en el que, a buen seguro, se estudiará si tal y como desea el Gobierno se paraliza el sucedáneo de consulta del 9-N en vísperas de su celebración. Si el alto tribunal le da la razón de nuevo a Rajoy, el conflicto jurídico con la Generalitat está servido: Artur Mas ya ha avanzado que sus servicios jurídicos presentan acciones para denunciar ante la Justicia el supuesto abuso de autoridad del Ejecutivo central.

La crisis con Catalunya es el otro gran quebradero de cabeza que, junto con la corrupción, amenaza seriamente la tranquilidad de Rajoy esta semana. El bombardeo e intercambio declarativo entre Madrid y Barcelona está asegurado en las siguientes horas, calentando un ambiente que ya quema en las manos a casi todos y que se desborda entre amenazas y advertencias sin atisbarse una solución política e inmediata en el horizonte.

Este asunto, cuya resolución Rajoy ha dejado a criterio de los jueces en vez de bajo la responsabilidad de sus ministros, asesores y dirigentes de partido --como mínimo hasta el próximo domingo-- será centro de atención de los medios internacionales que, para disgusto del presidente y su entorno, se fijan más bien poco en los escasos signos de recuperación económica que trata de vender la Moncloa y colocan la mirada en la corrupción que asfixia a los políticos españoles y en los enfrentamientos Gobierno-Generalitat a raíz de la convocatoria de una consulta, o similar, a los ciudadanos catalanes sobre su futuro.