Correa pide la nulidad del juicio por "vulneración de derechos"

Sentados por primera vez en el banquillo desde que hace seis años el juez Baltasar Garzón destapó la caja de los truenos de la 'trama Gürtel', sus presuntos cabecillas pidieron ayer anular el juicio por presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur. Es el primer gran examen judicial al Gobierno de Francisco Camps por su relación con la red de empresas de Francisco Correa. Además, cuestionaron la "imparcialidad" del tribunal de un juicio que, dicen, tiene tintes políticos.

En la primera jornada de cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se admitiera la declaración de un nuevo testigo sorpresa: Juan Carlos Rincón, extrabajador de Orange Market y clave en la imputación del expresidente de las Corts Juan Cotino en la pieza que investiga las irregularidades de la visita del Papa a Valencia en el 2006.

La vista comenzó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con un año exacto de retraso, después de que la expresidenta de las Corts y exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez y la también exconsejera del ramo Angélica Such dejaran sus escaños como diputadas del PP días antes de la fecha inicial del juicio. El Supremo decretó que esta pieza, la número 3 de la rama valenciana del caso -que juzga los contratos de promoción turística de la Generalitat Valenciana entre el 2005 y el 2009- siguiera en el TSJCV, pues las renuncias se produjeron cuando ya se había dictado la apertura de juicio.

"LA PERLA"

Para Martínez, la fiscalía pide 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación por prevaricación, malversación y cohecho. Según la investigación, la predecesora de Cotino en las Corts recibió de la trama un reloj Hublot valorado en 2.400 euros que Correa compró en Madrid. En las escuchas, la red se refería a ella como "la Perla". Para Such, el fiscal solicita 9 años de inhabilitación por prevaricación continuada. Además de ambas y los cabecillas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', también está procesado el exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, cuatro cargos más de la Generalitat y tres empleados de Correa. El juicio se prolongará hasta octubre.

Según Anticorrupción, Turismo fue la puerta de entrada de la red en Valencia y, en el 2003, abría ahí la actividad que ya había desplegado en Madrid gracias a sus contactos con dirigentes del PP. El fiscal estima que la trama facturó a la Generalitat más de 5 millones de euros por la instalación de los expositores de cinco ferias de Fitur y otras menores, pese a que no reunía los requisitos. Habiendo recibido con anterioridad las bases de los concursos y beneficiándose de "modificaciones sustanciales en los procesos de selección", la red obtuvo "ilícitos beneficios", apunta, por sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.

"DETENCIÓN ILEGAL"

La defensa de Correa alegó "violación de varios derechos fundamentales" para pedir la nulidad del proceso, petición a la que se adhirieron los demás. Su abogado, Juan Carlos Navarro, esgrimió "detención ilegal" --Garzón detuvo a su cliente, en febrero del 2009, cuatro horas más de las 72 que establece la ley--, "intervención indebida de las comunicaciones" respecto a las escuchas en prisión y transgresión de los derechos a la intimidad y a un juicio con todas las garantías.

La defensa de Martínez pidió la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales y falta de tutela judicial efectiva, en concreto por la vulneración del derecho a la intimidad de su clienta. Y propuso, al menos, aplazar el juicio durante seis meses para estudiar parte del material probatorio del caso que, según dijo, se encuentra en la Audiencia Nacional, algo de lo que tuvo conocimiento "solo hace un mes".

Tanto el abogado de Crespo como el de Correa consideraron "contaminado" al tribunal. Crespo, exdirigente del PP gallego, aseguró no conocer a nadie del Consell y estar "deseando" ser juzgado en lo que consideró «un montaje político organizado desde el despacho" del exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.