El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado un precepto de la normativa catalana que establece el grado de las infracciones a los derechos de los consumidores, lo que podría abrir la puerta a la impugnación de las sanciones a establecimientos por no informar en catalán. El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha respondido que esa ley ya "no está vigente" y ha sido sustituida por otra, por lo que las sanciones lingüísticas se mantendrán.

El TC ha anulado el artículo 30 de la Ley del Parlament 3/1993 del Estatuto del Consumidor, en el que se basan muchas de las sanciones a locales que no informan de sus servicios en catalán. La sentencia deriva de una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el titular de un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona, ante el que se impugnaron dos sanciones a un comercio por no ofrecer información de sus servicios en catalán y por la inclusión de cláusulas abusivas.

Seguridad jurídica

Para el Constitucional, la clasificación de sanciones como leves, graves o muy graves establecida por el precepto de la ley impugnado "no garantiza mínimamente la seguridad jurídica de los ciudadanos", dado que traslada la calificación de las infracciones a un momento posterior y la deja en manos de un órgano administrativo.

Según el Constitucional, que basa su argumentación en anteriores sentencias del propio órgano judicial, el precepto impugnado "equivaldría a dar una habilitación en blanco" a la administración y dejar una norma legal vacía de contenido.

"Rápido y veloz"

El portavoz del Govern ha apuntado, después del Consell de Govern, que ese artículo se remite a una ley que "ya no está vigente" y ha comparado la medida del TC con la petición de un "diagnóstico" a un médico sobre una persona "que está muerta". Homs también ha señalado que el artículo "no hace referencia al tema del catalán", sino a "la capacidad sancionadora sobre lo que sea".

Homs ha considerado paradójico que el TC declare una ley que no es válida, lo que a su juicio pone en evidencia su funcionamiento, y ha ironizado: "Como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una ley de 1993 que ya no está en vigor".

Compensaciones

No obstante, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha señalado que se debería compensar a los comerciantes y empresarios sancionados en virtud de esa normativa que obligaba a rotular en catalán y no solo en castellano. "Estoy a favor del impulso de la lengua catalana, pero sin excluir la lengua castellana y, por lo tanto, estoy en contra de que se sancionara a los empresarios y comerciantes por rotular en castellano", ha dicho. "El TC nos ha dado la razón a nosotros y a la normalidad del país, que vive en catalán y castellano", ha añadido.

El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, también ha mostrado su satisfacción por la anulación del precepto de la normativa, que, según ha afirmado, pone "fin" a lo que ha definido como "las multas de la vergüenza". Rivera pedirá al Govern que "devuelva los importes de las sanciones a todos los comerciantes que han sido multados porque es su dinero y no el de la Generalitat". Estas sanciones suman un total de 3,6 millones de euros durante los 16 años de vigencia de la normativa, según los datos facilitados por Ciutadans.