El Govern rectifica y permite que se acuse a CDC por el saqueo del Palau

La rectificación de la Generalitat (que ha pasado del 'no' a la abstención) y el voto afirmativo del Ministerio de Cultura han permitido que este martes salga adelante la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de que el Consorci del Palau de la Música, donde están representadas las administraciones, acuse finalmente a CDC por el pago de Ferrovial de comisiones, a través del auditorio, a cambio de obra pública. La votación ha sido muy ajustada. A favor se han pronunciado los dos representantes del consistorio, el teniente de alcalde Jaume Asens y el gerente de recursos, Joan Linares, los representantes del Ministerio de Cultura y un miembro de la asociación Orfeó Catalá. Y en contra, cuatro personas vinculadas al auditorio, con su presidenta, Mariona Carulla, al frente.

El consorcio, que está defendido por un abogado de la Generalitat, presentará este miércoles al tribunal que juzga el saqueo del Palau un escrito en el que modificará su acusación y se adherirá a la petición de la fiscalía, que reclama que se decomise 6,6 millones de euros a CDC por haberse lucrado ilítamente. También reclama ocho años de prisión al extesorero de Convergència, Daniel Osácar. La fiscalía estaría dispuesta a que en la ejecución de la sentencia esos 6,6 millones no fueran al Estado, sino al Palau, según fuentes municipales.

Los magistrados deberán decidir que hacer antes del viernes, día en que las defensas presenten sus conclusiones definitivas. No hay precedentes. Sin embargo, existe otra posibilidad: que el abogado del consorcio, en su informe final y en el ejercicio de su libertad de palabra, deje constancia de que la entidad a la que defiende está conforme con la tesis del fiscal, pidiendo la condena.

INTENSO DEBATE EN EL GOVERN

En la anterior reunión del consorcio, la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona salió derrotada. El voto de los dos representantes del Govern de Junts pel Sí fue clave para evitar que se acusara al partido nacionalista, así como la ausencia del Ministerio de Cultura. El panorama ha cambiado y un factor determinante han sido los reproches que se lanzaron a las pocas horas los socios del Ejecutivo catalán, el PDECat y ERC. El primero, heredero de CDC, se resistía a modificar el criterio.

En la reunión del consorcio, los representantes del Ministerio de Cultura han afirmado que apoyaban todas las actuaciones procesales pertienentes, y que sean las autoridades judiciales las que se posicionen y depuren, si lo consideran pertinente, la responsabilidad de CDC. La presidenta del Orfeó, Mariona Carulla, se ha quejado de que se votara otra vez este punto, cuando ya se hizo el 12 de mayo, y ha manifestado que le desagradaba la adhesión a la fiscalía por la rebaja de la pena a los exdirectivos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull.

Haciendo equilibrios, Carulla ha expresado al mismo tiempo su malestar por el "uso político" del Palau de la Música y por la utilización en su día de esta institución para la presunta financiación ilegal de Convergència. Asimismo, ha aseverado que se sentía "politizada". Y tras dudar de que el tribunal acepte el cambio de acusación, ha defendido que la entidad que preside debe dedicarse solo a la cultura y a la música.

ERC FUERZA EL CAMBIO DE POSICIÓN

La abstención del Govern tiene un trasfondo político. Fuentes de ERC --que siempre ha mantenido la necesidad de acusar si es necesario a Convergència en el 'caso Palau'-- atribuyen a su partido el mérito del cambio de posición. Pero la joven dirección del PDECat, marca heredera de CDC, considera que ha logrado una victoria en clave interna frente a la vieja guardia de la formación. Este sector cree que su presión ha sido fundamental para lograr que la semana pasada sus diputados no votaran en contra, sino que se abstuvieran en la votación de las resoluciones de la CUP y Catalunya Sí que es Pot que reclamaban al consorcio acusara a CDC. El PDECat reclama a Esquerra que no se cuelgue medallas y sostiene que internamente la cúpula del nuevo partido posconvergente está actuando con “finezza” y sin ser “bruscos” para que vaya pasando “lo que ha de pasar”.

Mientras, el Govern ha ejecutado el cambio de posición, pero a regañadientes. El titular de Cultura, Santi Vila, ha dejado claro que la abstención no equivale a dar la razón a la fiscalía. Fuentes gubernamentales admiten que el cambio de posición responde a las resoluciones aprobadas por el Parlament con la abstención del PDECat pero también a “la necesidad de hacer concesiones populistas” y calificó de jurídicamente correcto el voto en contra por parte de los representantes del Govern en la reunión anterior.

Tras la reunión del Govern --en la que no ha habido controversia entre los ‘consellers’ de Esquerra y los del PDECat--, la portavoz Neus Munté ha explicado que el giro se debe a la aprobación de la resolución parlamentaria. Vila ha insistido que la opinión pública “es sensible a cualquier cuestión relacionada con prácticas de corrupción” y, por tanto, el Govern no podía “bloquear” que se haga lo posible para dirimir todas las responsabilidades.