La ley de estabilidad presupuestaria, que el Gobierno del PP aprobó para apretar las tuercas a las comunidades autónomas al imponerles un techo de déficit y que CiU apoyó de forma prácticamente gratuita, ha recibido una reprimenda del Consell de Garanties Estatutàries.

En un dictamen aprobado por unanimidad, el Constitucional catalán declara que uno de los artículos de la norma es contrario a la Carta Magna y al Estatut porque viola, "de manera desproporcionada", el principio de autonomía financiera de la Generalitat.

En concreto, los juristas consideran que el Estado no puede imponer a la Administración catalana el destino de un hipotético superávit presupuestario. La ley impone que, en tal caso, el montante se dirija íntegramente a enjugar deuda, algo que, a juicio del Consell de Garanties, invade las competencias legislativas del Parlament para elaborar y aprobar los presupuestos autonómicos.

La resolución, de 53 páginas y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es fruto de la solicitud presentada por el PSC y que fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara catalana el 5 de junio. Esta petición es un paso previo para poder reclamar al Parlament que recurra esta ley ante el Tribunal Constitucional, una de las opciones ahora tienen los socialistas sobre la mesa. Aunque el PSC cuestionó ocho artículos, el Consell de Garanties solo ha hallado inconstitucional el número 32.

CiU votó en contra de la reforma constitucional y cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso sobre la mesa la ley de estabilidad presupuestaria -que incluye sanciones que incluyen la posible intervención de autonomías en caso de incumplimiento de los objetivos previstos- anunció una enmienda a la totalidad. Pero las cosas (y los intereses) cambiaron en cuestión de horas y el grupo parlamentario que dirige Josep Antoni Duran Lleida acabó apoyando su aprobación exprés.

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