POLÉMICA EN EL SENO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Maza deja en suspenso el relevo de los fiscales del 'caso 3%'
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido este jueves mantener en el 'caso 3%', sobre presuntas comisiones de empresas a la extinta CDC, a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo al considerar insuficiente la motivación del jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, para su relevo. Así, Maza ha dejado en suspenso la orden de Moix y ha requerido a los tres implicados más información sobre el proceso judicial.
Y es que, según las fuentes consultadas, falta ver si el juez de El Vendrell se inhibe o no en favor de la Audiencia Nacional, ya que alguno de los investigados desvió las comisiones que cobró al extranjero. Si fuese así, no sería razonable que el asunto lo llevaran los fiscales anticorrupción de Barcelona, como en un principio pretendia Moix, sino los de Madrid. El relevo se ha debatido este jueves en el Consejo Fiscal, el órgano de representación de la carrera, pero no se ha llegado a votar.
El Consejo Fiscal, que arrancó este miércoles, ha rechazado, asimismo, relevar a Moix. Los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal habían planteado la conveniencia de sustituirle por su "falta de idoneidad" para ejercer este cargo. Sin embargo, nueve de los 12 integrantes del Consejo han votado en contra.
IMPARCIALIDAD "EN CUESTIÓN"
La UPF ha asegurado en un comunicado que no pueden "permanecer ajenos a lo que ocurre" a su alrededor e "ignorar que las conversaciones telefónicas que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del fiscal jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad".
Los fiscales progresistas también han denunciado la forma en la que Moix ha ejercido como fiscal jefe, su "gestión del principio de jerarquía en el conocido como 'caso Lezo' y el trato dado a los fiscales encargados del 'caso 3%'".
La Fiscalía General del Estado se ha limitado a explicar, en una nota hecha pública tras la reunión del Consejo Fiscal, su reconocimiento a los miembros de Anticorrupción que "desarrollan un trabajo difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación".
Por otra parte, el Consejo Fiscal ha negado por unanimidad el amparo a Grinda, Bermejo y Juan José Rosa ante la denuncia por coacciones y amenazas de uno de los investigados por el 'caso Emperador' -que investiga presuntos delitos de blanqueo y fraude fiscal vinculados a la mafia china-, al considerar que este mecanismo no está recogido en el Estatuto del ministerio fiscal. De hecho, el propio Moix se ha manifestado horas antes en contra del amparo al considerar que mediatiza los procesos.
EL PAPEL DE GORDÓ
Moix, que lleva en el cargo poco más de dos meses, decretó el relevo de Grinda y Bermejo en el 'caso 3%' por otros fiscales con despachos en Barcelona, Fernando Maldonado y Teresa Duerto. Según algunas fuentes, las discrepancias entre los dos sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel a atribuir al 'exconseller' de Justícia y exsecretario del Govern Germà Gordó, que, según Grina y Bermejo, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergència a cambio de concesiones de obras públicas.
Moiz se vio envuelto en otra polémcia, debatida también este jueves por el Consejo Fiscal, respecto a la operación Lezo, tras trascender el enfrentamiento entre uno de los fiscales del caso, Carlos Iañez, y el fiscal jefe sobre determinadas diligencias en el caso en el que la Audiencia Nacional mantiene en prisión preventiva, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
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ENFRENTAMIENTO POR LOS REGISTROS
Dichas discrepancias, en relación a determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Inassa -filial de la empresa pública Canal de Isabel II- provocaron que este fiscal, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, amenazara con apartarse del procedimiento. Sin embargo, su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros en la junta que se celebró el pasado martes -forzada tras invocar Iañez y su compañera el artículo 27 del Estatuto Fiscal- y por esta razón ya no entra en sus planes abandonar el caso siempre que no sea relevado por sus superiores.
Lo ocurrido con Iañez obligó también a la Fiscalía Anticorrupción a emitir un comunicado oficial en el que aclaraba que su renovación se produjo "a petición" de Moix y fue "aprobada por la Fiscalía General del Estado". El comunicado se difundió después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntaban al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que Anticorrupción aclaró que no había cesado a Iañez. "De hecho, el propio fiscal jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", añadía Anticorrupción.
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