Mientras en EEUU la política no se entendería sin la figura del lobi, en España los grupos de presión se mueven completamente en la opacidad, prácticamente nadie reconoce que su trabajo consiste en tratar de influir en los políticos y evidentemente los partidos no presumen de haber tomado decisiones por la presión de determinada empresa, bufete u organización. Sin embargo, la irrupción de movimientos ciudadanos como el 15-M, que han puesto de manifiesto la creciente desafección política, han favorecido la aprobación de iniciativas como la ley de transparencia o que el Congreso abra la puerta, por fin, a arrojar luz sobre una actividad sumergida que tiene sus raíces en la política misma y que se calcula que emplea en torno a un millar de personas.

Imagen de archivo del interior del Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, durante el transcurso de una votación, en junio del 2011. REUTERS / VINCENT KESSLER

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 17 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La ley de transparencia no afecta directamente al Congreso, pero la Mesa de la Cámara baja tiene interés en aplicar sus principios con el fin de luchar contra determinados estereotipos y estrechar así la distancia que a menudo separa la actividad en el hemiciclo de la sociedad civil. El secretario cuarto de la Mesa, el diputado del PP Santiago Cervera, ha realizado ya varios informes sobre el tema, que la institución analizará a partir de septiembre y que ha compartido también con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

EL MODELO EUROPEO / Uno de ellos, titulado La pertinencia de regulación de la función de los lobis en el trabajo parlamentario, analiza la normativa de otros países y concluye que convendría aplicar en España un modelo similar al del Parlamento Europeo, donde se ha creado un registro de lobistas y los eurodiputados deben cumplir un código de conducta que les impide, por ejemplo, recibir regalos de más de 150 euros.

El sistema, vigente también en la Comisión Europea, se caracteriza porque las instituciones comunitarias emiten tarjetas de acceso para los lobistas por el plazo de un año. En contrapartida, estas personas deben declarar el interés o intereses que representan, abstenerse de obtener información de forma deshonesta o no difundir a terceros, con fines lucrativos, la información obtenida. Además, los eurodiputados pueden ser sancionados si incumplen un código ético.

EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA / Pese a que los lobis tienen mala prensa, el documento de Cervera defiende su regulación con el argumento de que los grupos de presión son una «de las expresiones más genuinas y legítimas en una democracia participativa». Asimismo, dada la crisis que azota España, el diputado ahonda en la idea de que la creación de un sistema de «acceso al decisor político», puede suponer un «acicate para que empresas y asociaciones ganen competitividad».

Aunque la iniciativa aún se encuentra en una fase preliminar, el parlamentario del PP se muestra convencido de que uno o varios grupos, al calor de la tramitación de la ley de transparencia en el próximo periodo de sesiones, pedirán la introducción de enmiendas que exijan al Congreso la regulación de los lobis. «Podríamos acordar la inclusión de una disposición adicional a la ley que imponga un plazo a partir del cual tenga que estar lista la nueva normativa», explica. Cervera argumenta que el pasado marzo, pese a que una proposición no de ley de ICV-EUiA sobre la materia fue rechazada, hubo un «consenso mayoritario» acerca de la necesidad de que España entre a formar parte de la lista de 90 países que han sacado a los lobis del limbo legal. Ahora falta por ver si los partidos logran ponerse de acuerdo en la forma de hacerlo.