El Congreso aprueba el endurecimiento del Código Penal, medidas contra el yihadismo y la 'ley mordaza'

Después de casi diez horas de debate, el Congreso ha aprobado esta tarde un gran paquete legislativo: el endurecimiento del Código Penal, medidas para atajar el yihadismo, la 'ley mordaza' y dos normas contra la corrupción.

El PP, con su mayoría absoluta, no ha tenido ningún problema en sacar adelante estos proyectos.

CADENA PERPETUA REVISABLE

La oposición en bloque ha rechazado la reforma del Código Penal para incluir la llamada cadena perpetua revisable. Los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, han asistido al debate, que han presenciado desde la tribuna los representantes de las asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, quienes, fuera del hemiciclo, han agradecido al Gobierno la introducción de esta medida. Los partidos de la oposición consideran que hoy ha sido "un día negro" para la democracia y la sociedad española por la incorporación al ordenamiento jurídico español de esta pena. El PSOE se ha comprometido a derogarla si vuelve a gobernar. 

MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA

El PP y el PSOE se han quedado solos para defender la necesidad de introducir nuevos delitos destinados a paliar la amenaza yihadista y endurecer las penas en este terreno. El partido que sustenta al Gobierno impulsó estas medidas (se castiga el adoctrinamiento pasivo, también el desplazamiento a una zona de conflicto para integrarse en una organización terrorista y se regula la figura del lobo solitario, entre otras novedades) tras los atentados en París contra la revista Charlie Hebdo.

LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Tachada de "mordaza" y "represiva" a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la ley de seguridad ciudadana, proyecto estrella del Ministerio del Interior, ha culminado su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate. En algunos casos directamente han desaparecido del redactado algunas de las conductas más polémicas como la que sancionaba los "ultrajes a España".

En otros casos se han rebajado las sanciones a imponer, aunque los montos son considerables: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000 y siempre que se realice una "perturbación grave de la seguridad ciudadana". Tampoco serán sancionados los periodistas que graben a los agentes de policía, sino quien use esas imágenes de manera que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes" (distribuir su foto con esos fines, dirección personal, datos personales...).

Esta norma también incluye las llamadas devoluciones en caliente, por la que se regula la figura del rechazo de los inmigrantes en la frontera en Ceuta y Melilla.

EL PESO DE LOS ESCÁNDALOS

Dos años después de que las anunciara el presidente, Mariano Rajoy, el Congreso ha aprobado la ley de control económico-financiero de los partidos y del ejercicio del alto cargo. Estas dos normas han llegado a la Cámara baja tres días después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considerara acreditado que el PP dispuso de una caja b entre 1990 y 2008 con la que sufragó campañas electorales, sobresueldos y reformas de sus locales.