Condenado a un año de cárcel el alcalde de Cercs por construcción ilegal

La jueza considera que el edil de Unió, que también es vicepresidente de la Diputación de Barcelona, conocía que los terrenos afectados eran no urbanizables

El alcalde de Cercs y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Ferran Civil, en una imagen de archivo.

El alcalde de Cercs y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Ferran Civil, en una imagen de archivo. / periodico

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Una jueza de Manresa ha condenado a un año de cárcel y siete de inhabilitación, además de a una multa de 3.600 euros, al alcalde de Cercs (Berguedà) y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Ferran Civil, de Unió Democràtica, por permitir la construcción de naves industriales en unos terrenos no urbanizables declarados de interés natural.

En la sentencia, la magistrada atribuye a Civil delitos sobre la ordenación del territorio. Asimismo, condena por lo mismo a un secretario y una arquitecta municipal de Cercs, así como al empresario que construyó las naves, que tendrán que ser derruidas. A este último le impone seis años de cárcel y una multa de 2.160 euros, mientras que a los dos cargos municipales les inhabilita durante siete años y les impone una sanción de 2.160 euros.

La magistrada impone a los procesados las penas mínimas por este tipo de delito, al entender que las naves industriales "fueron realizadas en el intento de solventar una maltrecha economía municipal que afecta, como la resto del país, a una grave situación económica en la que no existió un ánimo de lucro propio de los tres acusados consistoriales".

CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO

Según cree probado la jueza, en el 2006 el propietario de la empresa Forest Jou, dedicada a la elaboración de productos agroalimentarios, inició la construcción de tres naves industriales de 300 metros cuadrados en unos terrenos no urbanizables -que más tarde fueron declarados de interés natural- "con el conocimiento y consentimiento del alcalde". La sentencia sostiene que, ya antes de que se iniciara la construcción, el alcalde aseguró al empresario que podía construir la naves, "ya que no tendría ningún tipo de obstáculo del ayuntamiento", pese a conocer que era suelo no urbanizable de valor agrícola y ganadero.

En mayo del 2007, añade la sentencia, la arquitecta municipal "emitió un informe donde hizo constar que las obras solicitadas se ajustaban a las nuevas normativas urbanísticas vigentes y que, por tanto, se podían autorizar si lo considera oportuno su ayuntamiento". Posteriormente, el secretario municipal emitió un informe jurídico en relación a la petición de obras incluida en el expediente, en el que dio por bueno el dictamen de la arquitecta municipal y "no puso ninguna objeción a la licencia (...)".