Comunidades del PSOE y del PP cuestionan el cupo vasco
Un informe elaborado por Hacienda aglutina 15 opiniones sobre el modelo de financiación
Por qué confiar en El Periódico Nueve gobiernos autonómicos, del PP y del PSOE, cuestionan los «privilegios financieros» del País Vasco y Navarra y la nula participación de estos territorios en los mecanismos de solidaridad con el resto de comunidades, según se refleja en el informe de síntesis que ha elaborado el Ministerio de Hacienda a partir de los documentos remitidos por cada una de las 15 autonomías de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla en los que se evalúa el actual modelo de financiación.
El informe debe servir de base para la discusión del nuevo modelo de financiación autonómica que se habrá de negociar en la próxima legislatura, tras las elecciones del 20-D. Incluso podría ser debatido en una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tal vez se convoque antes del 20-D, aunque esta cita aún no es segura.
Al menos las comunidades de Asturias, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana (PSOE), así como las de Castilla y León, Cantabria y Murcia (del PP) abordan el hecho de que, junto con el sistema de financiación de las autonomías de régimen común, coexistan los regímenes especiales de País Vasco y Navarra. Catalunya no hace ninguna consideración al respecto.
Varias de ellas apuntan a que las diferencias que existen entre ambos regímenes se concretan en que «el País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario y unos niveles de financiación muy superiores a los de las comunidades de régimen común», que algunas califican como «privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los sustentan».
Al igual que en el documento de síntesis elaborado en el 2014 (antes de las elecciones autonómicas del 2015), son varias las autonomías que reclaman que País Vasco y Navarra no tengan mejor financiación que el resto y que contribuyan de alguna forma en los mecanismos de solidaridad con el conjunto de autonomías para una correcta contribución a la financiación de todas las comunidades. Madrid, que en el informe del año pasado sí cuestionó los privilegios forales, ha suprimido ese párrafo en la evaluación remitida a Hacienda por el nuevo Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes, también del PP.
Ayer mismo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE), pidió una «revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado» durante un debate en las Corts donde se aprobó por unanimidad una resolución para reclamar al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómico «con efectos desde el 1 de enero de 2014», informa Laura L. David.
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