La 'comisión Pujol' irá a la fiscalía si los ministros no comparecen

No es la primera vez que alguien se niega a comparecer en una comisión de investigación del Parlament. Pero hasta la fecha todo había acabado ahí; no se tomaron medidas. Ahora, al menos CiU, ERC y la CUP están dispuestas a llegar «hasta el final» si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de Gabinete del presidente Mariano Rajoy, Jorge Moragas, siguen en sus trece de no ir a la 'comisión Pujol'. Los tres partidos abogan por llevar ante la fiscalía la negativa de los altos cargos del Ejecutivo central, y para ello se amparan en que la Cámara establece esa posibilidad si la Mesa lo aprueba. Y CiU y ERC tienen mayoría.

Los tres dirigentes del PP -así como el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó; el director del CNI, Félix Sanz, y el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Vázquez, que también rechazan ir al Parlament- tienen como argumento de defensa varios dictámenes del Consejo de Estado que indican que los cargos que dependen de la Administración central no tienen por qué comparecer ante parlamentos autonómicos porque donde deben rendir cuentas es ante las Cortes.

CHOQUE DE LEGITIMIDADES

En esas conclusiones se han amparado en el pasado exministros como Ana Salgado, Pedro Solbes y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Sin embargo, el choque de legitimidades está servido. «Si la persona convocada desatiende voluntariamente el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlament ha de dar cuenta al Ministerio Fiscal», afirma el reglamento de la Cámara. Y el Código Penal, recuerdan fuentes de la institución, establece en el artículo 502 que «quien habiendo sido requerido en forma legal y bajo apercibimiento» no comparezca, será castigado por un delito de desobedien-

cia. «Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años», añade.

CiU, ERC y la CUP entienden que las reglas están claras y recuerdan que ya se ha enviado la convocatoria a los afectados en dos ocasiones, incluyendo en la segunda el informe jurídico sobre las consecuencias de no asistir. Defienden llegar «al final» por mantener el «prestigio» y el «respeto» al Parlament. ICV-EUiA no descarta sumarse, y Ciutadans también baraja la posibilidad siempre y cuando, entre otras condiciones, la medida de ir a la fiscalía se aplique en todas las situaciones de este tipo y no solo esta vez. Solo el PPC y el PSC se oponen férreamente.

Los cargos señalados tienen tiempo para cambiar de opinión hasta que acabe la comisión, en junio. Si finalmente se recurriera a la fiscalía, esta debería decidir qué reglamento prevalece para aceptar o no la denuncia y llevarla al juez. Todo con el proceso soberanista de trasfondo.