Colau y la jueza decana de BCN acuerdan revisar el protocolo de los desahucios

La futura alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, acordaron ayer  la necesidad de revisar el protocolo de actuación judicial y de los servicios sociales en  casos de desahucios en la capital catalana. Según Colau, este protocolo firmado en el 2013 por la Generalitat, juzgados, abogados y procuradores no ha acabado de funcionar porque cuando los servicios sociales reciben el aviso no se puede hacer casi nada y no tienen suficientes herramientas para frenar el desalojo, retrasarlo o buscar una vivienda alternativa.

La futura edil de Barcelona aseguró que este asunto es una prioridad y que en las próximas semanas tiene la intención de reunirse con todos los sectores implicados para mejorar el abordaje de estas situaciones. Colau detalló que la jueza decana le comentó que los juzgados todavía están colapsados por las peticiones de desahucios, sobre todo por el impago de alquileres, y que los jueces se encuentran con pocas posibilidades de frenarlos, según informa la agencia ACN.

Con el protocolo se pretendía dar respuesta al aumento de los desahucios provocados por la crisis económica. El objetivo era coordinar la acción de las diferentes instituciones implicadas en el asunto para poder «ayudar y mejorar la situación de las familias o las personas en situación de vulnerabilidad social» pendientes del desalojo de su vivienda habitual. La protección abarca desde las personas con discapacidad física o psíquica hasta los ciudadanos con riesgo de exclusión social.

OBLIGACIÓN / El protocolo establece, por ejemplo, que los abogados y procuradores, tanto de las entidades bancarias que insten el desahucio como de los propios afectados, están obligados a avisar de que la familia perjudicada puede estar en riesgo de exclusión social desde el momento de la notificación de la demanda. Ello debería permitir que, de acuerdo con el convenio, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona puedan conocer el caso con suficiente antelación para que, antes del día previsto para el desalojo, puedan ofrecer atención social, si es posible una vivienda, a las familias que lo necesiten y acepten. En el 2013 una veintena de familias eran desahuciadas diariamente de sus viviendas en la capital catalana.