El Periódico

Ciudadanos cita a Susana Díaz para comparecer en la comisión de investigación de los cursos de formación

Los partidos, salvo el PSOE-A, piden que aclare el alquiler de sedes socialistas para impartir las clases

La formación de Rivera, aliada de los socialistas, reclama también la comparecencia de la ministra de Empleo Fátima Báñez

JULIA CAMACHO / SEVILLA

Martes, 19 de enero del 2016 - 16:09 CET

Susana Díaz, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Una de cal y una de arena. Ciudadanos, socio de investidura del PSOE-A, Ciudadanos, ha solicitado este martes formalmente la comparecencia de la presidenta andaluza Susana Díaz en la comisión de investigación parlamentaria que investiga el supuesto fraude de los cursos de formación para el empleo. La formación naranja, que pide también la comparecencia de la ministra de Empleo en funciones Fátima Báñez, intenta así que la líder socialista aclare el alquiler de sedes socialistas para impartir esas actividades formativas, y a su petición se han sumado el PP y Podemos.

Tras un parón acordado para no coincidir con la campaña electoral, la comisión ha retomado este martes los trabajos y ha fijado a mediados de febrero el inicio de las declaraciones con la comparecencia del interventor general de la Junta de Andalucía y los interventores provinciales que alertaron del escaso control de esos fondos y la falta de justificaciones. El escándalo de los cursos que no llegaban a impartirse o lo hacían repletos de irregularidades, que saltó a la luz pública en 2014, está siendo investigado tanto en los juzgados como en la propia administración regional. Frente al multimillonario fraude que la Policía estima en más de 3.000 millones (cuestionando todas las partidas de ayudas a la formación), la Junta realizó una auditoría interna que reclama el reintegro de 71,9 millones de euros por ayudas sin justificar debidamente.

CITACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN

La posibilidad de una comisión parlamentaria que, de nuevo, depurase responsabilidades políticas por el uso de los fondos en la Consejería de Empleo rondó el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y PSOE-A. Pese al acuerdo de ambas formaciones para que fuese un diputado de este último partido –y casualmente exmilitante socialista—quien presidiera la comisión, desde el inicio de la legislatura la formación naranja se mostró a favor de citar a declarar a la dirigente socialista, tanto por su responsabilidad en el Ejecutivo regional desde 2012 como por su papel como secretaria general del PSOE-A en Sevilla. “Es sano que las autoridades den explicaciones y las medidas tomadas para evitar que se repitan casos así”, insistían en octubre pasado.

Ahora, Ciudadanos ha explicitado esta petición, a la que se han sumado el PP y Podemos, que reclama además la citación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los socialistas, que se han quedado solos en su rechazo a citarla, no la consideran necesaria al entender que las ayudas dejaron de concederse en 2011, cuando Díaz aún no era consejera de Presidencia, mientras que IU se muestra más inclinada a llamar a los técnicos y funcionarios que manejaban las ayudas para que arrojen luz sobre el asunto.

Sin embargo, aún no se sabe en qué momento tendrá que comparecer la presidenta autonómica, que sucederá así también a sus antecesores en el trago de acudir a una comisión de investigación (Chaves y Griñán acudieron a la relativa al caso de los ERE fraudulentos, cerrada en falso en 2012). Los partidos de la oposición han acordado de momento que las declaraciones empiecen a mediados de febrero con los interventores, por lo que tendrán que ir cerrando el resto de comparecencias y las fechas, incluso dejar abierta la posibilidad a una segunda ronda que complete la primera tanda de declaraciones. Desde el PSOE-A han reprochado que se convoque a los interventores sin haber cerrado de forma oficial el resto de comparecencias, por lo que anuncian que impugnarán esta decisión.

Los socialistas también se han quedado solos en el reproche de los grupos de la oposición sobre la falta de colaboración de las administraciones, especialmente la Junta de Andalucía, a la hora de facilitar la documentación requerida, parte de la cual ni siquiera ha llegado. Así, se ha acordado remitir un escrito exhortando al Gobierno andaluz a que aporte toda la documentación digitalizada, así como al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o incluso otras administraciones autonómicas.

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