Aún no han empezado las comparecencias y la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas de ahorro ya desprende un aroma descafeinado. Ayer se constituyó un proceso político que presidirá Antoni Fernández Teixidó (CiU) y que podría alargarse hasta finales de año. Con un asunto espinoso en el alero. Todos los partidos de la oposición quieren abordar también el debate de las participaciones preferentes. Todos, excepto el PPC. Su líder, Alicia Sánchez-Camacho, admitió haber mantenido contactos con CiU para tratar este asunto, en el que coincide con las tesis de los nacionalistas. «La comisión debe centrarse solo en aquellas entidades que han recibido dinero público», subrayó. La polémica sobre las preferentes, añadió, «no es el objetivo» de las pesquisas.

Antoni Fernández Teixidó y Núria de Gispert, ayer en el Parlament. FRANCESC CASALS

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Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 03 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La semana pasada, los conservadores se mostraron dispuestos a «llegar hasta el final» y a «investigar todo lo que se tenga que investigar». Ayer, su presidenta defendió la misma idea y aseguró que no vetará ninguna comparecencia, aunque, en realidad, su abstención bastaría para que CiU pudiera impedir cualquier interrogatorio.

Además, Camacho criticó que algunos partidos hayan pedido la asistencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando no se ha aprobado la asistencia inmediata de los máximos responsables del Govern actual y del anterior. Los populares parecen nadar y guardar la ropa. Por eso exigieron al resto de fuerzas que no hagan juicios paralelos y no intenten sacar réditos mediáticos de la comisión para desgastar al Gobierno de Mariano Rajoy.

Buenas palabras similares se escucharon por docenas ayer en la sesión constitutiva de la comisión. Todos los grupos se comprometieron a trabajar con rigor y a no convertir lo que es una investigación política en un proceso judicial, ni en un toma y daca partidista. Pero sobre la mesa quedaron ya los primeros reproches velados. Las minorías, que forzaron la creación de la comisión, recordaron a los grupos mayoritarios que su propuesta incluía las preferentes. El PSC quiere que se hable de estos productos de alto riesgo en una pieza separada, y con esa condición retiró de la Comisión de Economía las peticiones de comparecencia de los directivos de CaixaBank, CatalunyaBanc, Caixa Penedès y Caixa Laietana.

El diputado de CiU en la comisión de investigación, Jordi Turull, no se pronunció al respecto, pero dejó entrever su rechazo al advertir de que, para su grupo, el proceso debe centrarse «en aportar soluciones, y no en dar vueltas sobre los problemas», un argumento recurrente en CiU para desaconsejar que se investiguen las participaciones preferentes. Además, justificó que se acoten las indagaciones a las entidades rescatadas, puesto que esta intervención del Estado es la que ha motivado, a su juicio, la constitución de la comisión.

SOLO TRES CAJAS / Si CiU y PPC imponen su criterio, la investigación del Parlament podría limitarse a la gestión de las tres cajas que han recibido fondos públicos: CatalunyaCaixa, Unnim y Caixa Laietana. Los grupos tienen de plazo hasta el 13 de julio para proponer las comparecencias, que se votarán el 16. Los socialistas, como los populares, también solicitarán la presencia en la comisión de Fernández Ordóñez, y han asegurado que no pondrán objeciones a que comparezca el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, en calidad de expresidente de CatalunyaCaixa.