El Periódico

Cisma entre fiscales por el 'no' catalán a la querella contra Mas

Torres-Dulce, en un gesto inédito, convoca a la junta para recabar apoyos

Los juristas de Barcelona se oponen a la orden del fiscal general del Estado

J. G. ALBALAT / BARCELONA / M. BATALLAS / MADRID

Martes, 18 de noviembre del 2014

Eduardo Torres-Dulce junto al presidente Artur Mas, el pasado mes de julio.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se vio obligado a convocar a la junta de fiscales de sala (el generalato de la carrera fiscal) a las 20.03 horas de ayer, minutos después de que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, le comunicara la negativa a presentar la querella contra el president, Artur Mas. Este órgano fiscal no ha sido convocado para dirimir un conflicto de este tipo desde hace más de 10 años. Torres-Dulce es partidario de actuar penalmente contra Mas mientras que la fiscalía de Catalu-nya «no lo consideran procedente», según un comunicado. Cabe recordar que el fiscal general dijo en su momento que dejaba la decisión en manos de sus subordinados catalanes.

La crisis se fraguó tras las presiones recibidas desde el Gobierno y el PP, que decidieron que la respuesta jurídica era la única posible ante la consulta alternativa. La presidenta popular en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, abrió la espita al anunciar el pasado martes la presentación de la querella. Un aviso que fue desmentido ese mismo día por el fiscal del Estado en Logroño. Sin embargo, la crisis no se cerró, a pesar del encuentro que mantuvieron Torres-Dulce y el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, el pasado miércoles en Madrid. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron cuando un grupo de fiscales de Barcelona reclamaron una junta para discutir si se debía presentar la querella, contra qué personas y por qué delitos.

BORRADOR RECHAZADO/ En Madrid ya se había apostado por actuar contra el president y la vicepresidenta, Mas, y Joana Ortega, según el borrador que fue remitido a Barcelona el pasado lunes por los delitos de prevaricación y desobediencia al no cumplir la suspensión decretada por el Contitucional. También se barajaba incluir a dos consellers, aunque la fiscalía del Estado aceptó, en un primer momento, salvarles de la querella. Este texto fue rechazado por los fiscales catalanes por estar plagado de errores y por el tono agresivo del texto.

Por este motivo, Torres-Dulce dejó en manos de sus subordinados la elaboración de un dictamen sobre las acciones penales a emprender. Pero este informe quedó en segundo plano ante la reunión de los fiscales de Barcelona que empezó el pasado viernes y se retomó ayer. Romero de Tejada comunicó a su superior que en Barcelona se había acordado, por mayoría, no presentar la querella. Torres- Dulce les ordenó hacerlo, pero su mandato fue desatendido por la fiscalía catalana. Por este motivo, Torres- Dulce solo podía salir de esta situación con la convocatoria de la junta de fiscales de sala.

En esta junta participan 27 fiscales y en la reunión, que se celebrara mañana, los fiscales expresaran su opinión aunque no votarán. Torres Dulce tomará después una decisión. Las opciones están abiertas porque el fiscal del Estado tiene la última palabra.

CRISIS INSTITUCIONAL / Fuentes fiscales han lamentado que este conflicto haya terminado con esta convocatoria porque «la fiscalía era de las pocas instituciones que se había salvado de la crisis institucional» que afecta a casi todos los demás órganos judiciales. Por ello, no se atreven a aventurar quién pagara finalmente los platos rotos. Si Torres-Dulce logra el apoyo de sus generales se sentirá reforzado ante el Gobierno, y si ganan las tesis de los catalanes podrá exponer que esta cuestión no era tan sencilla como dar una orden tal y como le habían sugerido en los últimos días desde el Consejo de Ministros y desde el PP.

Fuentes judiciales aseguran que en la junta de mañana, los fiscales analizarán «las razones de pertinencia y oportunidad» para presentar la querella. En principio, pocos fiscales apoyarán la medida por los días ya transcurridos y porque la fiscalía de Barcelona tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión tras el rosario de demandas que van llegando al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) presentadas el 9-N por particulares y partidos.

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