El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, reconoció este martes que el procedimiento de ayudas a empresas en crisis que se investiga tanto en el Parlamento como en los juzgados tenía "un amplio margen de discrecionalidad", aunque no ha entrado a detallar por qué gran parte de las ayudas se concedieron en una pequeña comarca y a empresarios vinculados al PSOE. Y aunque ha defendido su legalidad al estar recogido en los Presupuestos Generales, ha subrayado que las irregularidades se limitaron a un mal uso del mismo procedimiento. "Ha habido actos corruptos que deben ser condenados".

El expresidente de la Junta de Andalucía, en la sede del PSOE en Madrid, el pasado 9 de septiembre. Angel Díaz | EFE

Chaves ha comparecido hoy ante la comisión de investigación parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas del conocido como 'caso ERE', y ha limitado las responsabilidades de todo lo ocurrido al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, aunque sin mencionarlo. Sí ha defendido la inocencia de su consejero de Empleo, Antonio Fernández, que salió de la cárcel tras abonar una elevada fianza.

Sin directrices ni órdenes

Así, ha explicado a preguntas de IU y PP --el PSOE se ha abstenido de preguntar-- que conoció los pormenores del caso por la prensa, al tiempo que ha defendido que se arbitraron una serie de medidas para contrarrestar el desempleo en comarcas o sectores más castigados y que el propio interventor general de la Junta, como reconoció en la comisión, avaló como legales. No obstante, ha rechazado rotundamente que se hubieran dado directrices u órdenes para conceder ayudas a determinados empresarios vinculados al PSOE o a personas afines al partido.

"Es verdad que podía haber sido más concreto", ha reconocido, aunque a su juicio "la discrecionalidad no es incompatible con la legalidad". Chaves ha subrayado entonces que los filtros y controles de la Junta son "incluso más potentes" que en otras regiones, aunque si alguien tiene ánimo de delinquir lo hace sea cual sea el sistema. Además, ha repetido que nunca se actuó ante las irregularidades, que se extienden desde 2001 al 2010, porque el Consejo de Gobierno no fue informado por la Intervención en ninguna ocasión de que hubiera irregularidades o menoscabo de los fondos públicos.

Decisión interna

El expresidente andaluz ha explicado que el cambio de procedimiento en el 2001 para conceder las ayudas de forma más ágil y eficaz se debió a una decisión interna de la Consejería de Empleo, insistiendo en que "el presidente no puede estar en el día a día" de las miles de iniciativas, convenios y medidas que se adoptan por cada organismo o entidad de la administración pública. Y ha insistido en que si las ayudas no se hacían con publicidad era por una decisión de la Consejería, "no del presidente".

La última sesión de comparecencias de la comisión de investigación, la primera en 17 años que acoge la cámara andaluza, terminará esta tarde con la declaración del actual presidente andaluz y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán.