El CGPJ mantiene en su puesto temporalmente al juez Vidal

Santiago Vidal, en el centro, en la conferencia que anuló ayer y en la que estaba previsto que explicara cómo debería ser jurídicamente un Estado catalán.

Santiago Vidal, en el centro, en la conferencia que anuló ayer y en la que estaba previsto que explicara cómo debería ser jurídicamente un Estado catalán. / periodico

MARGARITA BATALLAS / MADRID

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La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por cuatro votos a tres mantener en su puesto al juez de Barcelona Santiago Vidal hasta que se termine de tramitar el expediente que se le ha abierto por participar en la redacción de una constitución catalana. El magistrado se había opuesto a esta decisión que fue propuesta por el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca, y que contaba con el apoyo del fiscal.

Los siete miembros de la comisión disciplinaria se reunieron ayer con carácter de urgencia para resolver la petición de Fonseca que, el pasado jueves, acusó a Vidal de la comisión de dos faltas muy graves por haber apoyado "públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española" y por haber realizado "de forma reiterada declaraciones públicas en apoyo de iniciativas políticas encaminadas a obtener la independencia de Catalunya".

Por ello, Fonseca proponía su suspensión cautelar "por la extrema relevancia de los hechos" por su "evidente proyección pública y social". El periodo de la suspensión cautelar era de un máximo de seis meses hasta que concluyera la investigación abierta contra él.

Esta petición contaba con el apoyo del fiscal. El ministerio público remitió el pasado jueces un escrito al CGPJ en que denunciaba a este juez porque con su actuación hacía que para los ciudadanos fuera difícil que albergaran "confianza en la aplicación del derecho por parte de quien notoria y públicamente cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella". Y recordaba que la Carta Magna impone a los jueces "una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad".

Por su parte, Vidal se opuso a su suspensión cautelar al entender que su actuación "se enmarca en el simple ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión que como juez, jurista y ciudadano le reconoce la Constitución española".

LOS MOTIVOS

La deliberación de la comisión disciplinaria se prolongó durante casi una hora y media. Y concluyó con la ruptura de la misma. Por un solo voto de diferencia los vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto, Enrique Lucas y el conservador Vicente Guilarte se negaron a apartar de sus funciones al juez Vidal por considerar que la medida "no atajaría la situación que se pretende evitar", es decir, que el magistrado continúe realizando declaraciones a favor de la independencia de Catalunya.

Los vocales conservadores Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Ángeles Carmona votaron a favor de la suspensión del juez y el primero anunció un voto particular contra el acuerdo de sus compañeros. Ahora, el promotor de la acción disciplinaria dispone de un plazo máximo de seis meses para concluir su expediente que inició el pasado mes de abril. Después elevará otra propuesta a la comisión disciplinaria. Fonseca puede reclamar la imposición de una sanción o el archivo del expediente.

Las faltas muy graves están castigadas con traslado del lugar de trabajo, suspensión de funciones hasta tres años y expulsión de la carrera judicial. El pleno del CGPJ solo intervendrá en el caso de que se decida echar de la carrera al juez Vidal.

El juez de Barcelona declaró el pasado mes de mayo ante Fonseca y admitió su participación en la redacción de una Carta Magna catalana en la que se declara a Catalunya como una República. Y aseguró que en la redacción de este texto participaban otros juristas y diputados catalanes, pero negó que detrás de esta redacción estuviera la Generalitat.

CASO PENDIENTE

El promotor de la acción disciplinaria también tiene encima de la mesa otro expediente contra 40 jueces que firmaron un manifiesto de apoyo al derecho a decidir. A diferencia de la anterior investigación no ha trascendido que se haya llamado a declarar a ninguno de los firmantes, aunque el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, les reprochó su actuación.