Catalá corrige el rumbo de Gallardón y promete revisar el 'tasazo' judicial

Rafael Catalá llegó ayer al Ministerio de Justicia marcando distancias con su antecesor y demostrando su voluntad de enderezar, en buena medida, el rumbo que Alberto Ruiz-Gallardón imprimió al departamento hasta que, hace justo hoy una semana, tiró la toalla cuando Mariano Rajoy decidió renunciar a su proyecto estrella: la restrictiva ley del aborto. Si el exalcalde de Madrid, en su intento de revolucionar y agilizar los tribunales, promovió 79 cambios legales y por el camino dejó un reguero de desencuentros con la inmensa mayoría de los operadores judiciales, Catalá anunció ayer, en su toma de posesión, que en el año que queda de legislatura tiene unas «prioridades» y, por tanto, renuncia a abarcar todos los frentes. Ofreció, además, al sector «pronta y estrecha colaboración», así como la rúbrica de un «gran acuerdo».

El hasta ayer número dos de la ministra de Fomento, Ana Pastor, sorprendió también al comprometerse a revisar una de las iniciativas más polémicas de su predecesor: la ley de tasas, que elevó y extendió los aranceles que ciudadanos y empresas tienen que pagar si quieren dirimir sus conflictos en las sedes judiciales (salvo en el orden penal) y sobre la cual pesa un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Catalá juró su cargo a las nueve de la mañana en la Zarzuela, en un acto que dejó varias novedades, dado que se trata del primer miembro del Ejecutivo que jura ante Felipe y puede elegir -en atención a la libertad religiosa, ahora son optativos- si en la mesa ceremonial, además de la Constitución, figura una Biblia y un crucifijo. El exsecretario de Estado optó por ambos, lo que denota sus convicciones religiosas.

LA TOMA DE POSESIÓN / En la breve ceremonia, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ejerció como notario mayor del Reino, dado que cuando Gallardón dimitió, la número dos del Gobierno asumió en funciones sus tareas. Tras la jura, Catalá participó en el Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidió impugnar la consulta catalana. Y de ahí, se desplazó a la sede del ministerio para proceder a recibir la cartera de manos de Gallardón, en presencia de varios ministros, dirigentes políticos y representantes judiciales. En su discurso, no se limitó a los agradecimientos y anuncios de buenos propósitos que caracterizan las tomas de posesión y, desde el principio, nombró a todos los operadores (desde jueces a registradores) para ofrecerles una «pronta y estrecha colaboración». «Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes», señaló.

Catalá reconoció que asume una «tarea difícil» e «inacabada», y dado que apenas queda un año de legislatura, se comprometió a acelerar solo las reformas «más urgentes». Al igual que Rajoy y su equipo, quienes dispensaron una despedida fría a Gallardón, el nuevo titular de Justicia agradeció someramente el trabajo realizado por su predecesor, dejando caer que, en los últimos tres años, este abrió demasiados «debates» inconclusos y dejó tras de sí un «amplio repertorio de propuestas pendientes».

Por ello, a la hora de «priorizar», Catalá se comprometió a impulsar las reformas del Código Penal, de la ley de enjuiciamiento criminal y de la justicia gratuita, así como la implantación de un sistema «ágil y eficaz» en el registro civil y la dotación de nuevas plazas de jueces y fiscales. También deslizó que «analizará y mejorará» las tasas judiciales. Fuentes de su entorno afirmaron que si la revisión arroja que hay que rebajarlas, se llevará a cabo.

EL CONFLICTO CATALÁN / El nuevo ministro no mencionó la macrorreforma de la ley orgánica del poder judicial, que reorganiza los tribunales y ha generado un amplio rechazo, lo que da a entender que va a decaer. Tampoco mencionó el aborto, lo que evidencia que será la titular de Sanidad, Ana MatoAna Mato, la que impulse que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin permiso paterno.

Respecto al conflicto catalán, no lo citó expresamente, pero señaló que su responsabilidad desde un «ministerio de Estado» será defender «el imperio de la ley» y la «igualdad de los ciudadanos». Nada que ver con la defensa que hace unos meses hizo de la reforma de la Constitución para reconocer la «singularidad catalana».