El 'caso ERE' o el descontrol de las ayudas en Andalucía

El 'caso ERE' de Andalucía engloba las investigaciones sobre las ayudas públicas de la Junta de Andalucía distribuidas para empresas en procesos de reestructuración de empleo. El caso se destapó en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas. La instrucción del caso se ha llevado a cabo en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la jueza Mercedes Alaya. La Junta de Andalucía es parte de la acusación particular del caso.

EL PLAN DE AYUDAS

En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para ayudar a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo mediante prejubilaciones o despidos. La Junta de Andalucía creó una partida presupuestaria para ello dotada con unos 721 millones de euros hasta el año 2011, que debería ampliarse hasta los 1.217 millones. Mientras la Junta considera que el proceso de creación de esa partida presupuestaria es legal, el Partido Popular siempre criticó la ilegalidad de ese mismo fondo de ayudas. 

LA OPINIÓN DE LA JUEZA ALAYA

La jueza Alaya considera que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a las empresas, puesto que se concedieron prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones de euros). Se detectaron también subvenciones a empresas que no presentaron expedentes de regulación, e incluso a personas que no canalizaron las ayudas para la creación de empresas (73,8 millones de euros). La investigación de los gastos detectó también comisiones a intermediarios elevadas, gastos desproporcionados a aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y asesores sindicales (entre 50 y 68 millones). Las partidas dudosas del gasto público destinado al caso suman del orden de 136 millones de euros, aunque un informe de la dirección general de Seguros eleva el posible fraude a 152 millones. La jueza también ha investigado el posible pago de sobornos a cargos políticos de la Junta.

EL 'CASO MERCASEVILLA'

El 'caso Mercasevilla' analiza las ayudas recibidas por la empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla. Recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le exigían la mitad de la subvención a cambio de garantizarle posteriormente una ayuda pública para dar cursos de formación. Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, fueron condenados por este caso, aunque Antonio Rivas fue absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo que consideró que durante el proceso había sido vulnerada su presunción de inocencia. A partir de la investigación en dicha empresa municipal salieron a la luz presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal en un concurso público supuestamente amañado de lo que se derivó un sumario aparte, es el caso llamado de los terrenos de Mercasevilla.

LA DERIVADA DE LOS ERE

Las operaciones turbias en torno a Mercasevilla siguieron con un tercer sumario centrado en irregularidades en las ayudas a los ERE afrontados por la empresa en el 2003 y el 2007. Fue precisamente en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados en otros ERE hizo que se activara el conocido genéricamente como el caso de los ERE.

EL FRAUDE DE LOS PREJUBILADOS

El fraude de los prejubilados se produce por la inclusión en un ERE de personas que se benefician de ayudas (en empresas públicas) hasta alcanzar la edad legal de jubilación. El fraude se produce cuando esas personas no han tenido relación laboral con esas empresas o que cobran en base a periodos de tiempo mayores a los realmente trabajados. La investigación del 'caso ERE' ha detectado al menos 267 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados. 141 casos corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 126 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares se encontró a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.

LA IMPUTACIÓN

Tras haberse celebrado una comisión parlamentaria en el 2012, solo el impulso de los jueces ha avanzado en la resolución del caso. El 10 de septiembre del 2013, pocos días después de la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta y su sustitución por Susana Díaz, la juez Mercedes Alaya publicó un auto en el imputó a los expresidentes andaluces Griñán y Manuel Chaves, y otros altos cargos públicos.

EL SUPREMO

Ahora, en febrero del 2015, el instructor del 'caso ERE' en el Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado como imputados a los cinco aforados implicados en la causa, entre ellos los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para fechas comprendidas entre el 7 y el 21 de abril. Los abogados defensores de Griñán y Chaves consideran que no es un auto de imputación. En su opinión, las defensas de los cinco aforados señalan que ninguno de ellos "ha recibido auto de continuación del procedimiento, vulgarmente conocido como auto de imputación, y menos aún auto de apertura de juicio oral".