La sala de vacaciones del Tribunal Supremo, un tribunal integrado por cinco jueces cuya composición cambia cada semana durante el mes de agosto, puso ayer en marcha la maquinaria de la justicia para resolver la denuncia presentada por el PSOE contra la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por haber filtrado presuntamente a un medio de comunicación datos de su ERE.

Aforada 8 La ministra de Empleo y Seguridad Social, en su escaño del Congreso el pasado 28 de junio. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 15 de la sección de Política de la edición impresa del día 09 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El presidente de esta sala, Ángel Calderón, pidió ayer un informe al fiscal sobre el tribunal que debe llevar esta causa antes de decidir si abre o no una causa penal contra la ministra por un presunto delito de revelación de información a la que tuvo acceso debido a su cargo.

El ministerio público apoyará que sea el alto tribunal el que se encargue de esta denuncia por la condición de aforada de Báñez, que además de ser titular de Empleo es diputada por Huelva. Sin embargo, todavía no se sabe si apoyará la apertura de una investigación penal para establecer si -como sostiene el PSOE- Báñez filtró desde su correo electrónico al diario La Razón detalles sobre el ERE que el PSOE aprobó el pasado 19 de julio.

El 26 de junio, el citado periódico desveló que el PSOE había comunicado cuatro días antes a la autoridad laboral la apertura de un expediente de regulación de empleo en el que preveía 186 bajas de empleados en la sede socialista de la calle Ferraz (Madrid), la fundación Ideas, los grupos parlamentarios y otros centros.

Seis días después, El País reveló que la información publicada por La Razón había sido filtrada desde el correo electrónico de Báñez. Una acusación que fue desmentida una semana más tarde por la ministra en Santander. «Desde el Ministerio de Empleo no ha salido ni saldrá nunca información confidencial de ningún trabajador», dijo. E incluso se permitió aconsejar a los socialistas que negociaran con sus trabajadores y aplicaran la reforma laboral antes que despedir a empleados.

El PSOE cerró el ERE con un plan que incluyó 100 prejubilaciones, 16 bajas voluntarias y siete despidos con una indemnización media de 35 días por año trabajado. Con este acuerdo logró rebajar un 40% su masa salarial y paliar su deuda de 22,6 millones de euros con la que cerró el pasado 2011.

El 22 de julio, los socialistas presentaron la denuncia contra Báñez en los juzgados ordinarios de Madrid. El titular del número 28, Mariano Ascandoni, remitió el escrito al Supremo la pasada semana.

Los precedentes

Sobre la admisión de la denuncia por parte del alto tribunal, fuentes jurídicas recuerdan el precedente del caso Dívar. Los magistrados de la sala penal se negaron a investigar una denuncia -en la que solo se recogen hechos, pero sin identificar a los autores- contra el expresidente del Supremo Carlos Dívar hasta que no se transformó en querella. Sin embargo, el alto tribunal sí ha tramitado denuncias contra políticos como la que archivó el pasado mes de junio contra Soraya Sáenz de Santamaría por cohecho impropio por el contrato que su marido ha firmado con Telefónica.