El Canal de Isabel II, la ciénaga que ahoga al PP de Aguirre

Fue un símbolo de orgullo para los madrileños hasta que los múltiples escándalos en la gestión del<strong> PP</strong> fueron demoliendo el prestigio histórico de una institución pública que se creó bajo el reinado de Isabel II para abastecer de agua a la capital y que podría haberse convertido en un lodazal de corrupción. Por paradójico que parezca, el río Manzanares no era en 1851 aprovechable -por su bajo caudal y la inclinación del terreno- de forma que hubo que construir un sistema de canalización que captase agua en otros ríos más lejanos para avituallar a una ciudad que en plena expansión demográfica.

Así nació el Canal de Isabel II, cuya expansión puso fin al oficio de los aguadores, y que en la II República fue bautizado como ‘Canales del Lozoya’ por el río del que proviene el mayor caudal. Son 14.000 kilómetros de una red de suministro para Madrid y otros diez municipios, que parece haberse convertido también en una red de intereses opacos que ahora la justicia intenta esclarecer.

PRIVATIZACIÓN FALLIDA

El primer golpe de timón en la gestión de la empresa de titularidad pública lo dio la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) en 2008. Anunció su intención de privatizar el 49% de la sociedad, bajo la excusa de que la UE obligaba a inversiones de 4.000 millones de euros durante la década siguiente. Dos años más tarde, en plena crisis, aplazó la salida a bolsa para “no malvender” la sociedad pública y pospuso el plan de una institución que inauguró a su vez una fundación y Teatros del Canal, un espacio de artes escénicas en pleno barrio de Chamberí.

Mientras, Aguirre encadenaba victorias electorales por mayoría absoluta, su vicepresidente, Ignacio González, era a su vez el presidente del Canal de Isabel II. Y llegó el año clave. La ‘lideresa’ renunció a su cargo, por sorpresa. Adujo que el cáncer que había sufrido le había hecho recapacitar y dejó la vara de mando a su número dos. No faltó entonces quien dijese que Aguirre se iba para no enfrentar las irregularidades de financiación que empezaban a teñir al PP madrileño, pero no fue hasta 2016 que la justicia imputó a González.

Mientras, la privatización naufragó. En 2012 volvió a posponerse, y aunque la institución pasó a ser una sociedad anónima (Canal Gestión), la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, mantiene su promesa electoral de 2015 de no privatizar el Canal. 

ESCÁNDALOS Y ENCHUFISMO

Y sin embargo. Esa determinación no ha podido detener la hemorragia de escándalos. Algunos de ellos por la gran cantidad de cargos vinculados al PP que trabajaban en la empresa pública, lo que dio origen a críticas de “enchufismo”. Entre ellos, un primo de la propia Aguirre a quien Cifuentes fulminó el pasado octubre como subdirector de marketing. 

El runrún de las irregularidades fue en aumento incluso con el relevo en el PP y los indicios de un entramado ilegal a través de empresas participadas en América Latina cobraron tal fuerza que la Asamblea de Madrid inició una investigación hace algo más de un año gracias a que los populares ya no ostentan la mayoría. 

Podemos, PSOE y Ciudadanos se unieron en una comisión para investigar la gestión, cuyas conclusiones enviaron el 6 de marzo a la fiscalía. El informe recoge la operación mercantil que ha llevado a la detención de González este miércoles y otros negocios ruinosos en países como Brasil, Colombia Panamá y Ecuador. 

No fue la primera pista. En junio del 2016 el propio Consejo de Administración del Canal decidió por unanimidad llevar a la Fiscalía la compra de una empresa en Brasil. 

Alegan desde Podemos que los ceses de Cifuentes y la decisión de la dirección de la empresa de colaborar con la justicia buscan solo evitar que les salpique el agua turbia de un Canal podrido de corrupción.