Después de conseguir resonancia mediática y de haber generado una controversia política con la independencia como telón de fondo, el Govern de Artur Mas se ha visto obligado a desechar la polémica campaña institucional de las elecciones del 25-N con la que alentaba el voto apelando al espíritu de la manifestación de la Diada. Se gastó en ella 271.000 euros y la Junta Electoral Central, por mayoría y con tres votos particulares, la ha tumbado en apenas 48 horas por entender que los anuncios violaban no solo la legislación estatal, que no permite incentivar el voto, sino también la ley audiovisual catalana, del 2005, que avisa de que este tipo de campañas «en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto». El Ejecutivo, sin embargo, prefirió aferrarse al gesto y convirtió el veto en un nuevo agravio y otra muestra de invasión de competencias del Estado en Catalunya, pese a que la solicitud de retirada de la campaña contó con la firma de todos los grupos de la oposición, salvo ERC y Solidaritat.

Fotogramas del espot impugnado, en el que varias personas recuerdan su participación en distintas etapas de la historia de Catalunya, entre ellas la marcha independentista de la Diada. <BR/>

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Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 01 de noviembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El portavoz del Govern, Francesc Homs, anunció que, pese a acatarla, el Gabinete de CiU presentará recurso contra la resolución, que, en su opinión, no censura el contenido de los espots ni cuestiona su «objetividad, neutralidad e imparcialidad». Solo cuestiona, según Homs, el Estatut como ley máxima de Catalunya, al hacer prevalecer sobre la Carta autonómica la ley electoral general.

La Junta Electoral Central sostiene que, durante los periodos electorales, únicamente pueden hacerse campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en la que tendrán lugar los comicios, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo, tal como establece la citada ley audiovisual catalana. El Estatut, no obstante, faculta a la Generalitat a «procurar» que estas campañas institucionales «tengan como finalidad promover la participación ciudadana». En este último precepto se basan los tres votos particulares y el razonamiento del Govern. Por eso Homs habló de invasión de competencias y cargó duramente contra la resolución.

«NO NOS DEJAN» / «No nos dejan ni hacer campañas. Se ha acabado hacer campañas en Catalunya porque nos prohíben aplicar el Estatut», clamó en referencia al PP y a los socialistas. El portavoz obvió la alusión a la ley audiovisual catalana, que impide «sugerir, directa o indirectamente, la orientación del voto», y que fue el argumento principal en que se apoyó la oposición para sus recursos.

La campaña, cuyo lema principal era Jo vaig votar, constaba de varios anuncios. En unos aparecía un ciudadano diciendo que apoyó la Constitución de 1978, después salía una mujer explicando que ella escuchó el «Ja sóc aquí» del president Josep Tarradellas y otra que afirmaba «Jo vaig viure l'entrada a Europa» (en referencia a la incorporación de España, aunque sin mencionarla, en la UE). En otra remesa se veía a un hombre comentando que participó en la manifestación por el Estatut de 1977 y a otro que rememoraba (es el único que lo hacía en castellano) que se fue a trabajar a Catalunya en los años 60 y se quedó «para siempre».

Solo había dos momentos que se repetían en toda la campaña: cuando un joven explicaba que vivió los Juegos Olímpicos de 1992 y cuando otro recordaba su participación en la manifestación de la Diada mientras de fondo se veían imágenes de las calles de Barcelona repletas de gente con estelades.

La oposición celebró la impugnación de la campaña y exigió la dimisión de su «responsable político» por el «despilfarro» de dinero público en una iniciativa ilegal. Para el líder del PSC, Pere Navarro, es la «confirmación de un escándalo: la utilización de dinero público al servicio de los intereses de un partido». El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, emplazó a CiU a «dejar de hacer trampas y pagar sus campañas con su dinero y no con recursos públicos».

El director de campaña de ICV, Marc Rius, exigió «el cese inmediato» del responsable de los anuncios e instó a la federación nacionalista a «pagar de su bolsillo» los 271.000 euros. Ciutadans puso el asunto en manos de sus abogados para analizar qué iniciativas tomar a fin de pedir responsabilidades al Govern. Aunque no recurrió la campaña y no la criticó en un principio, ERC reconoció ayer que había generado «demasiada incomodidad».

CAMPAÑA EN CUATRO FASES / Respecto al coste económico, fuentes del Ejecutivo catalán aclararon que el precio de 271.000 euros no corresponde solo a los espots impugnados, sino al montante al que asciende el conjunto de la campaña, que se divide en cuatro fases. La Generalitat ya ha difundido dos anuncios para informar de los plazos para que los ciudadanos confirmen su inscripción en el censo y soliciten el voto por correo. La última fase se pondrá en marcha en la campaña electoral, con un espot que recordará el horario de apertura de los colegios y los requisitos para votar.