El cambio en Baleares

Un mes después de que la izquierda asumiera las riendas de Baleares, la tercera vez desde la transición democrática y la primera sin liberales en el gobierno, el cambio prometido empieza su andadura no sin dificultades. A mediados de esta semana, ya eran 193 los inmigrantes irregulares y sin recursos despojados de la tarjeta sanitaria en 2012 por el polémico decreto Mato -que expulsó del sistema a 20.000 personas en el archipiélago-. La indignación por la muerte de Alpha Pam, un inmigrante senegalés con ocho años de residencia en Mallorca fallecido por una tuberculosis no diagnosticada, marcó la campaña electoral y ha pesado en la priorización de este compromiso adquirido en el pacto de gobernabilidad entre PSOE, MES y Podem, fuerza que acabó apoyando la investidura de la socialista Francina Armengol, pero prefirió quedarse fuera del Ejecutivo.

La supresión de la tasa de 10 euros (luego rebajada a 8) para la renovación de la tarjeta sanitaria implantada por el anterior Ejecutivo ha sido una de las medidas más aplaudidas por la ciudadanía. Los populares justificaron su cobro apelando al coste de la banda magnética y la inclusión de un microchip, aunque a nadie se le escapaba su finalidad recaudatoria para compensar las carencias presupuestarias agravadas por la crisis. De 2012 a 2014, la tasa aportó 7,5 millones de euros a las arcas autonómicas. Este ahorro no llegará a los bolsillos ciudadanos hasta enero de 2016, ya que se tramitará con los presupuestos del próximo año.

Según los cálculos del IB-Salut, se dejarán de ingresar algo más de dos millones de euros anuales, una mengua que por otro lado complica la confección de las cuentas, asfixiadas ya por una financiación deficitaria, la segunda peor de España, y el límite de endeudamiento impuesto por el ministro Montoro que obliga a nuevos recortes. De momento, la tijera autonómica ha suprimido sin carácter retroactivo el privilegio del nivel 33, una retribución vitalicia para los funcionarios que han ocupado cargos públicos. Se calcula que el plus político lo perciben entre 300 y 400 beneficiarios, con una media de 500 euros mensuales.

Inyección millonaria

Pese a las dificultades, el giro social se extiende entre los más desfavorecidos con la inyección de 4,6 millones de euros a la renta mínima de inserción que beneficia a 2.300 personas y la exención del pago de tasas universitarias a jóvenes tutelados o extutelados en vías de emancipación. La derogación de la ley de Símbolos, con el consiguiente archivo de las sanciones impuesta por la campaña de lazos cuatribarrados en las aulas, y el desestimiento en los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló el polémico trilingüísmo del Gobierno de Bauzá hacen palpable el giro en educación. Fueron las dos primeras medidas del nuevo Govern, en atención a un sector especialmente castigado durante la pasada legislatura. Se vuelve al Decreto de Mínimos, asegurando a los alumnos un mínimo del 50% de horas lectivas en catalán. El nuevo clima de diálogo con el sector educativo ha propiciado otros acuerdos, como la cobertura de las bajas antes de los diez días, aunque quedan muchas reivindicaciones pendientes.

Ramon Llull

El catalán volverá a ser requisito en el acceso a la Administración a partir de finales de año o principios del próximo, cuando culmine la modificación legislativa. Además, se han iniciado los trámites para que Baleares vuelva a incorporarse al Instituto Ramon Llull y contactos para que los ciudadanos de las islas recuperen los canales 33 y 3/24. También podrán disfrutar de los jardines de Marivent, residencia vacacional de la Familia Real. El Govern trabaja en el plan de usos que pactará con la Casa del Rey para delimitar las áreas abiertas al público.