La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha defendido este martes que el Gobierno central "tiene toda la legitimidad" para recurrir contra la tasa del euro por receta que fue impulsada por el Ejecutivo de CiU con el aval, gracias a su abstención, de los populares catalanes. La líder conservadora, que ha participado en el desayuno coloquio Nueva Economía Fórum, ha aprovechado además para "lamentar" que "no se está produciendo el diálogo" necesario con el Govern de Artur Mas para avanzar en el pacto fiscal, aunque ha insistido en que este "no es prioritario".
Camacho ha recordado que el Ejecutivo de la Generalitat también ha anunciado que recurrirá en el Tribunal Constitucional contra las medidas en sanidad y educación aprobadas por el Gabinete de Mariano Rajoy, lo que le ha servido para justificar que si la Generalitat se plantea esta acción, el Gobierno central tiene también todo el derecho para llevar el euro por receta a la justicia. Además, la presidenta del PPC se ha justificado en que, según ella, su partido logró suavizar esta tasa incluyendo excepciones y límites, y ha mostrado su rechazo a que haya una "doble imposición". Es decir, que se opone a que se aplique el euro por receta si el Gobierno central ya aplica otras medidas de copago en sanidad.
En otro orden de cosas, la líder de los conservadores ha áprovechado para recordar las líneas maestras sobre un nuevo modelo de financiación para Catalunya, consistentes en aplicar un modelo "singular" pero dentro de la legislación vigente y con una solidaridad finalista y limitada en el tiempo. No obstante, Camacho ha rebajado las expectativas al insistir en que la prioridad ahora es "salir de la crisis", y ha criticado a CiU por no ofrecer "diálogo" para conseguir "un gran acuerdo" entre los partidos y evitar "el choque de trenes".
La presidenta de los populares catalanes ha ofrecido un discurso muy duro en contra de la "transición nacional" que proclama Mas, ha alertado de los riesgos que, en su opinión, correría Catalunya si fuera independiente y ha abogado por "hablar del coste del nacionalismo y de que este no es necesario". En este sentido, se ha cuestionado la viabilidad de las delegaciones en el exterior (las "embajadas") y ha criticado las "subvenciones ideológicas", el exceso de administraciones públicas, en alusión a los consejos comarcales, y la abundancia de empresas públicas.