El nuevo ciclo político empieza con una bronca en el Parlamento andaluz
Si el mandato ciudadano tras las pasadas elecciones de marzo exigía un diálogo entre las fuerzas políticas, según han repetido todos los partidos estos días, lo que se vivió ayer en el Parlamento de Andalucía evidencia cuán distantes están sus políticos de la calle. La décima legislatura en la comunidad comenzó con una bronca monumental entre el PSOE y el PP, que amenaza con llegar a los tribunales, y la dificultad de alcanzar acuerdos en la Cámara andaluza, que se presenta como la primera experiencia institucional de los partidos emergentes.
La sesión dejó a las claras dos cosas. Primero, que está lejos un acuerdo que permita la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Y segundo, que en la posición de los partidos no solo tiene peso su proyecto andaluz, sino también las aspiraciones en las próximas citas electorales (municipales, autonómicas y generales). Los partidos tradicionales, el PSOE y el PP, que se presentan como garantía de estabilidad frente a la fragmentación, se enzarzaron en disputas por cuotas de poder. Y los nuevos, Ciudadanos y Podemos, se pusieron de perfil para no quemar sus opciones futuras y asistieron como espectadores a lo que la líder regional de la fuerza lila, Teresa Rodríguez, calificó de «signo claro del declive del bipartidismo». Fuentes del partido de Albert Rivera mostraron cierta satisfacción por el retrato del «peor bipartidismo» que están haciendo estos días el PP y el PSOE en Andalucía.
«DIÁLOGO, CONSENSO, NEGOCIACIÓN»
Las tensiones entre partidos formaban parte hasta ahora del ritual de la formación de la Cámara autonómica, y la presencia inédita de cinco fuerzas políticas, con posiciones antagónicas en algunos casos, ya hacía presagiar que la legislatura sería complicada. Pero todos incidían en la necesidad de diálogo y pacto mandatado por los ciudadanos. «Diálogo, consenso y negociación deberán ser los tres pilares que presidan esta legislatura», invitó el diputado de más edad, el veterano socialista Luis Pizarro, al inaugurar la sesión constitutiva a mediodía. Su planteamiento demostró poca visión de futuro a los pocos minutos.
Las negociaciones previas entre los partidos -siempre en reuniones bilaterales, nunca a cinco bandas- se cerraron sin llegar a ningún puerto. Todos los partidos se enrocaron en sus posiciones, pese a que de lo que se estaba hablando no era de la investidura de la presidenta sino de la composición de la Mesa del Parlamento, el órgano de Gobierno del poder legislativo y que tiene la capacidad para ordenar los plenos y sacar adelante comisiones y comparecencias. Sin ese acuerdo previo, cada partido votaría a sus candidatos y habría que aplicar a rajatabla el reglamento, que solo fija criterios de paridad y que haya presencia de todos los grupos parlamentarios.
Podemos y Ciudadanos jugaron a nadar y guardar la ropa y se contentaron con un representante, al igual que IU. Así, el PSOE sacó adelante a su candidato a presidente, el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán (senador autonómico y miembro de la ejecutiva federal).
SANCIONADO EN CAJASUR
La elección causó sorpresa entre el resto de grupos. Se trata de un perfil muy bajo y sin apenas experiencia para manejar una Cámara en un periodo bronco, además de tener un pasado como exconsejero de CajaSur que la oposición se apresuró a recordar. Durán fue sancionado con 44.000 euros por «infracción muy grave» por la deficiente gestión, al igual que el resto de cargos políticos que estuvieron en esa entidad.
Finalmente, después de varias votaciones, el PSOE se salió con la suya y se quedó con la vicepresidencia primera y la secretaría primera (tres sillones). El resto de grupos, también el PP, con un solo representante. Los conservadores ya han anunciado que recurrirán contra la composición de la nueva Mesa ante el Tribunal Constitucional.
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