El 'boyante' paro andaluz

La prioridad de la lucha contra el desempleo ha sido el mantra recurrente de todos los presidentes de la Junta de Andalucía en los últimos años, nada extraño en una comunidad que presenta la mayor tasa de paro de España (34,9%). Pero si bien los mensajes públicos inciden en los programas que, con mayor o menor éxito tratan de poner fin a la sangría que supone tener 1,4 millones de personas sin trabajo, una serie de investigaciones policiales ponen de relieve los fallos en la gestión de esos planes de empleo e incluso el despilfarro de los fondos públicos. La desgracia de una mayoría se convierte en la suerte de una minoría, da igual si se trata de la propia administración, los sindicatos o incluso empresas privadas que se aprovechan de la desesperación.

¿Qué pasa con los fondos para el empleo? La Cámara de Cuentas no dejó lugar a dudas en un demoledor informe publicado en  febrero, cuando ya habían estallado la crisis de los ERE y la polémica por el desvío de fondos públicos en los sindicatos. El 89% de las ayudas para inserción laboral concedidas en el 2009, año investigado, se hicieron sin la «concurrencia competitiva» que exige la ley de subvenciones; es decir, se dieron de forma directa. Y las subvenciones a los agentes sociales se hicieron «sin necesidad de justificación». El texto enumeraba además fallos de contabilidad y deficiencias en el control interno de la gestión de las ayudas.

Operación EDU

Esos fallos quedan de nuevo expuestos en la investigación policial sobre el supuesto fraude en cursos de formación para desempleados, que se destapó la pasada Semana Santa en Málaga y que amenaza con extenderse a otras provincias. Estas pesquisas, aún sin judicializar, cuestionan el destino de parte de los 3.700 millones otorgados por la Junta de Andalucía a estos cursos en toda la comunidad. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional investiga cómo el dinero público se entregó con escasos controles a empresas creadas ex profeso que o bien no impartían los cursos o no cumplían con el compromiso de contratar a los asistentes. El  Ejecutivo regional asegura, por su parte, que la policía sólo investiga 17 ayudas por valor de 1,5 millones de euros que, además, ya estaban siendo revisadas por la Junta al estar aún abierta la convocatoria.

Facturas de UGT

La letra no suena ajena a otros casos similares que ya están en marcha. Sonado fue el supuesto desvío de fondos públicos en UGT Andalucía, con comilonas o regalos corporativos con cargo al erario público. Tras la revisión de 19 ayudas concedidas a la central sindical, la Junta ha reclamado cuatro ayudas por un importe total de 3,6 millones de euros correspondientes a dos programas de asesoramiento laboral y otros dos de negociación colectiva. El resto de expedientes, hasta un montante total de 7,5 millones, están en distintas fases de tramitación.

Caso ERE

El escándalo más sangrante es la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria mediante un sistema implantado ex profeso para dicho fin, según la tesis de la jueza instructora Mercedes Alaya. Un dinero que permitió la inclusión de 117 intrusos en las regulaciones de plantilla, el pago de 34 millones directos a dos exconcejales socialistas que crearon empresas sin actividad para recibir el dinero o las sobrecomisiones de hasta 50 millones, según la investigación policial,  que se embolsaron desde sindicatos a empresas mediadoras.