El bloque soberanista y el PSC califican de «error» la querella

La presentación de una querella por parte de la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y posiblemente la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau, consiguió una nueva unanimidad del bloque soberanista: todos los partidos que apoyaron el proceso participativo del 9-N la calificaron de «error». Y también coincidieron en que las instituciones del Estado confunden una movilización con responsabilidad colectiva y compartida con un acto atribuible a una sola persona.

El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, afirmó que, si la querella prospera, «el Estado español hará un ridículo internacional extraordinario». Además, puso en duda la calidad de la democracia en España si acaba siendo delito «fomentar la participación ciudadana, o facilitar la libertad de expresión». El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, calificó en las redes sociales de «error monumental» la querella y de nueva equivocación de la fiscalía.

La reacción de ERC corrió a cargo del portavoz republicano en el Senado, Alfred Bosch, quién aseveró que la querella se dirige, de hecho, «contra un pueblo entero» representado por todos los catalanes que votaron el 9-N, «Si creen que van a parar el proceso a fuerza de querellas o con burofax están muy equivocados», dijo. Y recalcó que la demanda ni siquiera contó con el apoyo de los fiscales de Catalunya.

Bosch insistió en el argumento compartido por el resto de fuerzas soberanistas de que el Gobierno está utilizando a su favor las instituciones de la justicia, primero forzando la suspensión de la consulta valiéndose de sus prerrogativas ante el Tribunal Constitucional, y ahora forzando una actuación de la fiscalía «como un instrumento político más».

COLABORADORES NECESARIOS / En una línea muy similar se pronunció la portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, para quién la decisión de la Fiscalía General es «una persecución política contra el derecho a decidir». Camats utilizó los argumentos de los fiscales catalanes para aseverar que la querella «no tiene base jurídica». Además, anunció que su partido se pondrá «a disposición de la fiscalía» como «participante y colaborador necesario». También el diputado de la CUP Quim Arrufat recordó que el 9-N se realizó por un esfuerzo plural y con cobertura política e institucional de varias fuerzas y acusó a la Fiscalía General de querer personalizar la causa catalana en una sola persona.

El PSC también se sumó a las críticas al fiscal general del Estado. El portavoz socialista en el Parlament, Maurici Lucena, consideró la querella un «gravísimo error» y vaticinó que sus efectos serán un «desastre telúrico» que «empeorará el problema». Además, calificó de «intolerable» la actitud del Gobierno y del PP, tanto en el ámbito español como por parte del PPC, por las «presiones que, a través de declaraciones públicas, han hecho a la fiscalía durante las últimas semanas» para «inclinar la balanza a favor de los intereses» de los populares.