El Congreso aprobó ayer una proposición no de ley presentada por CiU, a la que se sumaron el PP, el PSOE y el PNV, para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que revise los blindajes y las indemnizaciones de los directivos de aquellas entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De esta manera se pretende evitar que los pagos se hagan efectivos aunque ya estuvieran acordados antes de la entrada en vigor de esta norma.

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Información publicada en la página 24 de la sección de Política de la edición impresa del día 13 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

En lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pidió que se «impida la materialización» de dichos pagos, y precisó que la revisión «solo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB». El portavoz de economía de los nacionalistas, Josep Sánchez-Llibre, no obstante, afirmó que el texto acordado mantiene el objetivo de «impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos» de entidades ayudadas por el FROB, Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se congratuló del acuerdo, pero reconoció que su grupo prefería que esta medida no se limitara solo a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyera en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, exigió que «la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera».

ACUERDO «PARCIAL» / Por su parte, el socialista Jesús Caldera destacó que el acuerdo, aunque «parcial», es «muy importante» para acabar con un comportamiento que «no es ético y tampoco tiene sentido económico». También mostró su esperanza en que el pacto sirva para «abrir un debate más profundo», mientras que el diputado del PP Fernando López-Amor valoró la iniciativa porque frenará un fenómeno «execrable». No obstante, aprovechó para defender que el Gobierno «ya había tomado medidas adecuadas» prohibiendo los bonus en entidades que reciban ayudas públicas.