Dos informes elaborados por el secretario del Ayuntamiento de Reus, Jaume Renyer, uno solicitado por la alcaldía y otro a petición del grupo municipal Ara Reus, concluyen que el exconcejal de urbanismo Jordi Bergadà (ERC) podría haber incurrido en un "eventual ilícito penal" por cobrar facturas de la empresa Tecnoparc cuando también formaba parte del consejo de administración.

El grupo Ara Reus ha presentado este informe este viernes en los juzgados. El equipo de gobierno, formado por CiU y PP y que preside Carles Pellicer (CiU), decidirá en una reunión que celebrará el lunes si pone el informe en manos de la Fiscalía o si decide presentar una denuncia.

Durante el tiempo que compaginó los dos cargos, Bergadà emitió a Tecnoparc tres facturas por valor de 38.950 euros que le fueron abonadas entre el 2008 y el 2010. El abril del año pasado presentó otra factura de 38.959 euros, en concepto de honorarios profesionales, que todavía no le ha sido abonada.

Tecnoparc es una de las empresas mixtas integradas en el grupo municipal de Innova. El Ayuntamiento tiene una participación del 48% y el resto del accionariado está en manos de instituciones y diversas empresas privadas.

Conocimiento público

El conocimiento público de las facturas de Bergadà y de las que cobró el anterior director de Tecnoparc, el empresario Àngel Cunillera (93.344 euros por diferentes facturas), forman parte del escándalo que está protagonizando la actualidad de Reus desde principios de enero.

El mismo Lluís Miquel Pérez (PSC), anterior alcalde la capital del Baix Camp, ha reconocido que bajo su mandato se acordó desplazar parte del sueldo de algunos concejales y directivos a las empresas municipales a las que dedicaban su trabajo. Niega, no obstante, que se incurriera en ilegalidades.