Aviso a Mas: la suspensión del 9-N será "automática"

Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó ayer la primera rueda de prensa tras las vacaciones estivales del Gobierno (posterior al primer Consejo de Ministros del curso político) para lanzar a Artur Mas una advertencia clara: el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas y el decreto de convocatoria y el alto tribunal suspenderá ambos «automáticamente». No hay ningún resquicio legal, según la interpretación que hace el Gobierno, al que Artur Mas pueda acogerse para evitar que el Estado frene el referendo, pero ante la evidencia de que en los últimos días dirigentes de CiU han fingido ignorar qué pasos dará el Ejecutivo, la vicepresidenta dejó de lado ayer la postura ambigua que suele adoptar y subrayó que el guion que Rajoy va a seguir para que la justicia declare ilegal la consulta se basa en una «técnica procesal ordinaria», que no tiene «complejidad» y que lleva años funcionando como un reloj suizo.

Sáenz de Santamaría recordó que la Constitución marca que «cuando se impugna una resolución de una comunidad y se pide la suspensión, una vez que se admite a trámite, se suspende automáticamente». «Es algo que se ha aplicado en innumerables ocasiones y el rigor está bien mantenerlo», apostilló.

LA BURLA / Fuentes del Ejecutivo indicaron posteriormente que el dardo de la vicepresidenta iba dirigido al portavoz del Govern, Francesc Homs, quien el jueves sembró dudas sobre el procedimiento al señalar que le causaba «cierta sorpresa» que el Gobierno supiera «cuántos días» tardará el TC en dictar un fallo. Las mismas fuentes ironizaron en torno a las declaraciones contradictorias lanzadas en los últimos días por diversos dirigentes nacionalistas. «Ya no sabemos quién representa a CiU. Si [Josep] Rull o Santi Vila. Ni si el Vila de los lunes o el de los martes», señalaron con sorna.

En cualquier caso, la vicepresidenta no aclaró si la Abogacía del Estado prevé presentar dos recursos «paralelos», que impugnen la ley de consultas, por un lado, y la convocatoria, por otro, o uno «conjunto», ya que todo depende de cómo maniobre la Generalitat. La número dos del Ejecutivo avisó eso sí a Mas de que si los jueces suspenden la norma antes de que convoque formalmente la consulta, ya no podrá hacerlo. Pese a ello, es difícil que este escenario se dé, dado que desde que el Parlament apruebe la norma, previsiblemente el 19 de septiembre, hasta que el Gobierno tenga el preceptivo informe del Consejo de Estado y el visto bueno del Consejo de Ministros que le facultan a recurrir por vulneración de competencias, puede trascurrir en torno a una semana. Conociendo estos plazos, Mas baraja publicar el decreto de convocatoria el mismo viernes 19 o el lunes 22, para intentar que Rajoy ni siquiera haya tenido tiempo de recurrir la ley y evitar así la situación expuesta por la vicepresidenta.

EL DICTAMEN DEL CONSELL / Esta aprovechó además para pedir al Govern y el Parlament una «reflexión» en torno a la «constitucionalidad» de la ley de consultas. El aval por la mínima del Consell de Garanties Estatutàries «pone de manifiesto -apuntó- que lo que señala el Gobierno se ha recogido por buena parte de quienes tienen el cometido de asesorar» al Parlament. «Es un elemento que deberían tener todos en cuenta», exigió.

Más allá de los derroteros legales, Sáenz de Santamaría evitó exponer si el Gobierno central tiene planificado el dispositivo necesario para impedir que el día 9 de noviembre se pongan las urnas en la calle. En este asunto, la número dos del Ejecutivo volvió a su lema de «no adelantar acontecimientos». Pidió a aquellos políticos catalanes que reclaman a Mas que desobedeza al TC que sean «serios» y al president que, «como ha dicho muchas veces que hará», respete la legalidad.