Un augurio de lo que se nos viene

El PNV no es refractario al principio de control del déficit y la deuda. De hecho, uno de los mayores reproches que hacemos al Gobierno vasco es el descontrol al que han sometido al primero y el crecimiento desorbitado del segundo en Euskadi. Pero lo que es saludable como pauta básica de la gestión económica, como norma constitucional, luego rígida, es funesta.

Esta reforma es un atropello en toda regla a los procedimientos democráticos. No se puede tramitar una reforma constitucional en peores condiciones que las establecidas para leyes ordinarias, sin informes o dictámenes de organismos consultivos, con un plazo de 48 horas para enmiendas. Todo ello en pleno verano, como si fuera una mera cuestión técnica, cuando es una de las reformas más ideológicas que se hayan planteado en la Cámara baja.

La reforma es irrespetuosa con la estructura de un Estado descentralizado. Ni se ha recabado la opinión, ni se ha consensuado con autonomías, diputaciones forales o entes locales, aunque les afectará directamente. Un augurio del impulso recentralizador que nos viene desde el Estado.

Además, esta reforma es ineficaz. Porque no satisface a nadie al quedarse a medio camino, a caballo entre la Constitución y una ley de desarrollo. La iniciativa encorseta a las Administraciones y dificultará que puedan hacer inversiones en el comienzo de ciclos positivos para reforzar la economía. Y no transmitirá sosiego a los mercados, porque las medidas necesitan del desarrollo de una ley y su eficacia se pospone para el 2020.

Por si fuera poco, la reforma es innecesaria. La Constitución ya asume como derecho interno los tratados y acuerdos de la UE, lo que incluye las resoluciones sobre los márgenes de déficit estructural de sus miembros. Por ello, es también una reforma antieuropea, ya que asume que nadie se toma en serio las normas comunitarias, salvo que sus provisiones aparezcan en las constituciones estatales.