La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la imputación de Magdalena Álvarez en el 'caso ERE'

La Audiencia de Sevilla ha decidido mantener la imputación por prevaricación y malversación contra la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, al entender que existen "fundadas sospechas de participación" en los hechos delictivos que se investigan. Tras apuntar que "no es irracional" pensar que se usó de forma irregular un método legal para eludir cualquier control a la hora de dar ayudas directas y prejubilaciones. "¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?", apunta.

En el auto dado a conocer este martes, la Sección Séptima de la Audiencia entiende que el nuevo auto emitido por la jueza instructora Mercedes Alaya se ajusta a los principios de legalidad y derecho de defensa, al explicitar los supuestos hechos que se imputan. Así, se la trae a la causa como imputada para salvaguardar sus derechos en caso de que haya preguntas que la comprometan, una garantía que no tendría de acudir a declarar con otra categoría.

"Sólidas sospechas"

Pero lo llamativo es que la Audiencia entra al fondo de la cuestión señalando que "no es irracional pensar" que la instrucción practicada ha permitido detectar, "como poco indiciariamente" que el uso ilegal de los fondos públicos "quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo".

Es precisamente la "solidez de tan fundada sospecha" lo que avala la actuación de la jueza, ya que tanto la Cámara de Cuentas de Andalucía como la Intervención General del Estado confirmaron la inadecuación del sistema de transferencia de financiación para la gestión de tales subvenciones y ayudas a empresas. Un sistema, recuerda la Audiencia, introducido en la Junta de Andalucía siendo Álvarez titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

Aforados

Con este argumento, la Audiencia avala por tanto la implicación en el caso de todos los cargos políticos señalados por Alaya al haber permitido la implantación de este sistema irregular de concesión de ayudas. Una posibilidad que menciona expresamente al señalar que "es posible que ya no le corresponda" a la jueza la terminación de la instrucción, dado que el caso debería ser elevado al Tribunal Supremo al estar señalados varios cargos públicos aforados en la actualidad, como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.