La Audiencia de Sevilla rechaza que el caso ERE trate de "demonizar a políticos o sindicatos"

LaAudiencia de Sevilla ha salido en defensa de la jueza instructora delcaso de los ERE, Mercedes Alaya, recordando que su investigación no "demoniza a políticos, sindicatos o empresarios", sino que trata de "aclarar una trama corrupta". Y frente a las voces que afirman que está retrasando a sabiendas la imputación de ciertos cargos aforados, como el presidente de la JuntaJosé Antonio Griñán, la Audiencia recuerda que, cuando se plantea esta posibilidad, la instrucción "debe apurar y depurar la instrucción" con todas las diligencias necesarias antes de remitir el caso a instancias superiores.

El auto de la Audiencia provincial responde al recurso presentado por la defensa del empresario jerezanoJosé González Mata, propietario de una de las mediadoras que más expedientes de regulación de empleo realizaron (Uniter). La jueza Mercedes Alaya le considera "uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta" y estima que, según los informes de laGuardia Civil, habría desviado para su propio beneficio más de13 millones de euros de dinero público procedente de las sobrecomisiones. Encarcelado desde el pasado mes de junio, la Audiencia ha acordado ahora rebajar su fianza de 600.000 a 450.000 euros para poder abandonar la prisión.

"Exabruptos dialécticos"

La Audiencia arremete además contra las críticas del abogado de González Mata, que en su recurso aseguró que la instrucción "ponía en tela de juicio el papel constitucional de los sindicatos, piezas esenciales de nuestroEstado de derecho", al acusarles de cobrar comisiones. Así, los magistrados subrayan que, frente a esos "exabruptos dialécticos", la instrucción "no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos, sino que se investiga a personas con nombres y apellidos que parece que han podido participar en esa posible trama con absoluta independencia de pertenencia a un sindicato, empresa o partido político y, desde luego, aparte de las loables y fundamentales funciones que cumplen estas instituciones en la sociedad".

El tribunal lamenta además que se critique que la jueza "demora decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de competencia y jurisdicción", en alusión a las posibles imputaciones del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, algunos consejeros o el senadorJosé Antonio Viera, que supondrían que Alaya perdiera el caso en favor delTribunal Supremo. En este sentido, recuerdan que el hecho de imputar a un aforado no implica 'per se' la pérdida de la competencia y la jurisdicción. Es decir, que la aparición de indicios sobre la implicación de una persona aforada no implica la automática asunción de las competencias por parte del Tribunal superior.

Declaración voluntaria

Aún más, concretan los magistrados que "salvo que la conducta imputable al aforado sea escindible desde un principio de la del resto de los investigados, el juzgado de instrucción de origen debe apurar y depurar la instrucción, individualizando la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito y constando también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación". Y concluye que el juez instructor no solo "puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello", sino que además "nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar".

El aval de la Audiencia a la actuación de Alaya se produce cuando el caso ha sobrepasado ya los110 imputados, de los que en los dos años y medio de instrucción apenas se ha tomado declaración a la mitad.