La Audiencia de Sevilla apoya a la jueza Alaya y rechaza que el caso de los ERE se divida

La jueza que instruye el caso de los ERE ha encontrado de nuevo el apoyo de la Audiencia de Sevilla, que ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción para instar a Mercedes Alaya a separar la investigación en cientos de piezas, tantas como expedientes de irregularidades se analizan, para agilizarla. La Audiencia confirma la decisión de la jueza avalando que la causa es inescindible, y coincide en que la división podría dar lugar a sentencias contradictorias.

El auto de la Audiencia de Sevilla dictado este miércoles refiere el recurso presentado el pasado mes de abril por Anticorrupción y el abogado de dos exdirectores generales de Presupuestos, que habían pedido la división de la causa y la remisión de la parte que afecta a los aforados al Tribunal Supremo tras la decisión de la jueza de mantener la causa de manera unitaria. Según la Sección Séptima, en dicho recurso la Fiscalía debería haber acompañado su propuesta de un proyecto de división "por muy provisional que fuera". Una propuesta que sí se ha producido en el escrito remitido por los fiscales el pasado lunes al juzgado, y en que establecen tres grandes grupos de delitos para despiezar la causa: el procedimiento específico inadecuado implantado por la Junta para dar las ayudas --la parte más avanzada ya de la investigación--, los expedientes de regulaciones de plantilla o ayudas directas a empresas, plagados de irregularidades, y por último el enriquecimiento de sindicatos y despachos de abogados que cobraron sobrecomisiones por participar en la tramitación de los mismos.

Dos bloques estos últimos que se encuentran en fases más atrasadas de la investigación, como reconocen tanto la jueza como los fiscales, por lo que abrian la puerta a que fuera solo la parte del procedimiento específico, la que incluye indicios contra exaltos cargos aforados, se elevase ya al Tribunal Supremo.

Pero esta división más estructurada no se planteó hasta esta semana, por lo que la Audiencia se ha manejado con el escrito anterior.  Así, considera que con la "inconcreción fáctica" de los criterios expuestos entonces por la Fiscalía "podría generarse un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos" al Tribunal Supremo. Y ratifica el planteamiento de Alaya de que "el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad", insistiendo en que "es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse" dado que podría derivar en "un auténtico caos procesal".

Precisamente mientras llegaba el fallo de la Audiencia, la jueza Alaya tomaba declaración a los últimos implicados en la parte referida al sistema empleado por la Junta de Andalucía para dar las ayudas. Como han hecho los imputados citados en los últimos meses, el exviceconsejero de Economía de la Junta José de Haro Bailón se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que la jueza no es ya competente para instruir la causal. Se suma así a la tesis de la Fiscalía de que la parte más política del caso debe elevarse al Supremo al afectar a aforados. Y entiende que de declarar ante Alaya se vulnerarían sus derechos procesales.

Según ha explicado su letrado, la magistrada ha modificado la imputación inicial porque estimó que desde su cargo de secretario general de Hacienda impulsó y coordinó la política presupuestaria, unas competencias que según le han indicado se le retiraron poco después de asumir el cargo en 2004. Así, se le han retirado los cargos referidos a este puesto, pero se ha mantenido la imputación respecto a la etapa en la que fue viceconsejero desde abril de 2009, dado que entonces si que ya participó en la elaboración de presupuestos y mantuvo los compromisos de pago mediante las encomiendas de gestión. Ni la Fiscalía ni las demás acusaciones han pedido ninguna fianza civil contra él.