El exbanquero Mario Conde. Gustavo Cuevas | EFE

El pasado 1 de octubre, a las 10.27 horas, el Registro de la Propiedad de Pollença (Baleares) recibía la orden de embargo de cuatro fincas de esa demarcación. Quien lo ordenaba era el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y el motivo era "responder" de los casi 27 millones de euros que deben Mario Conde y otros dirigentes del antiguo Banesto a sus accionistas, según desvela esta semana la revista 'Interviú'.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional han llevado hasta Luxemburgo, paraíso fiscal donde estaría la empresa pantalla utilizada por Conde para ocultar la propiedad de esas cuatro fincas, cuyo precio de mercado podría llegar hasta los 9 millones de euros.

Pese a que Mario Conde fue condenado hace 10 años, su negativa a pagar la indemnización a los accionistas de Banesto argumentando carecer de patrimonio, han permitido a la Audiencia Nacional --según descubre el semanario- mantener sus pesquisas y rehacer paso por paso la propiedad de esas cuatro fincas hasta llegar a Conde, que las utiliza, al igual que su familia, habitualmente.