Suspendida la pena de prisión para los condenados por el 'caso Pallerols' hasta que se resuelva el indulto

La Audiencia Provincial de Barcelona ha suspendido la ejecución de las penas de prisión para el empresario andorrano Fidel Pallerols, el exsecretario de organización de Unió Vicenç Gavaldà y el exdirector general de Ocupació Lluís Gavaldà, a la espera de que se resuelva el indulto solicitado por las defensas. Las condenas para Pallerols y Vicenç Gavaldà fue de siete meses de cárcel y para Lluís Gavaldà, de un año y medio, por <strong>falsedad</strong> y <strong>fraude</strong> en <strong>subvenciones</strong>. El tribunal da un año de plazo al Gobierno para que decida si les indulta y, si no lo hace, se reserva la posibilidad de acordar el cumplimiento de la pena.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona han acordado suspender "la ejecución de las penas privativas de libertad" para los tres condenados, según consta en el auto, "en tanto se resuelve el expediente de indulto particular instado por cada uno de ellos". No obstante, aclara que la medida "no será óbice para que si transcurre un año sin haber mediado tal resolución" por parte del Ejecutivo central "pueda acordarse el cumplimiento de la pena". El tribunal argumenta este último punto, que se acuerda de forma excepcional, ya que no es usual fijar un plazo, con una norma que "autoriza a entender desestimada la medida de gracia si transcurre dicho término" sin que se resuelva la petición.

Finalidad "ilusioria"

En el auto judicial, se justifica la suspensión acordada con la "no excesiva extensión temporal de las penas de prisión y con el hecho de que, teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en resolver los indultos, si estuvieran en prisión mientras tanto, la finalidad de aquellos "pudiera resultar ilusioria".  

La Audiencia Provincial acordó el ingreso en prisión de Pallerols y los hermanos Gavaldà alegando que seria "obsceno" que no la cumplieran en un caso de "corrupción política". Las condenas se fijaron tras un acuerdo entre entre la defensa, la fiscalía y las acusaciones, entre ellas la Generalitat. En la misma sentencia, el tribunal declaró a Unió responsable civil subsidiario y en calidad de "partícipe lucrativo" en el fraude cometido con subvenciones destinadas a cursos de formación de parados con fondos procedentes de la Unión Europea (UE).