EL PULSO SOBERANISTA

La APM califica la ley de desconexión de ataque intolerable y acto de "totalitarismo indepndentista"

La asociación de magistrados conservadora considera que no se puede pasar de una legalidad española a una catalana sin quebrantar la ley

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras junto al resto del Govern en la reunión del Consell Executiu

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras junto al resto del Govern en la reunión del Consell Executiu / periodico

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Duro comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que engloba a la mayoría de magistrados españoles, en el que califica el borrador de la ley de transitoriedad jurídica filtrado ayer de "ataque intolerable al Estado democrático y de derecho"  de "acto de totalitarismo independentista". La nota coincide con la escalada verbal del Gobierno de Mariano Rajoy en contra del 'procés', al que compraran con un "golpe de Estado". 

Tras considerar que los jueces deben de mantener en el debate político una "posición de neutralidad", la asociación conservadora considera que tiene el "deber ético" de posicionarse ante "situaciones que ponen en peligro la democracia y las libertades fundamentales".

A juicio de la APM, si la ley de transitoriedad jurídica que elabora el Govern reproduce el borrador filtrado "supondría un ataque intolerable al Estado democrático y de derecho, un acto de totalitarismo independentista, dirigido a imponer por la fuerza de los hechos una dereminada solución del conflicto a todos los catalanes, soberanistas o no, y al resto de españoles, sin legitimidad democrática alguna y en contra de la legalidad constitucional".

Los jueces de esta asociación consideran que en ningún caso la citada norma sería legal, pues argumentan que no se puede pasar de una legalidad española a una catalana. "Ni el Parlament de Catalunya ni las Cortes Generales pueden abrogar la Constitución española, ni tan siquiera modificarla sin seguir el procedimiento previsto en la propia norma", concluyen.

Esta afirmación contradice lo que sostienen los soberanistas de que en la transición del Estado español al catalán no habrá ningún momento de ilegalidad, que se mantendrá la seguridad jurídica.