ENTRESIJOS DE UNA DECISIÓN INESPERADA

Así fraguó el Gobierno la reforma de la Constitución

Salgado empezó los trámites hace 15 días, en pleno acoso de los mercados a la deuda

Salgado, con los ministros de Finanzas de Alemania e Italia, Wolfgang Schäuble (izquierda) y Giulio Tremonti, en Bruselas, en julio.

Salgado, con los ministros de Finanzas de Alemania e Italia, Wolfgang Schäuble (izquierda) y Giulio Tremonti, en Bruselas, en julio.

MARGARITA BATALLAS

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La reforma constitucional para incluir un tope de déficit que anunció por sorpresa José Luis Rodríguez Zapatero el martes pasado en el Congreso llevaba semanas fraguándose. Según ha podido confirmar este diario, en los primeros días de agosto, y en pleno acoso de los mercados internacionales a la deuda española, la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, inició los trámites para modificar la Carta Magna y solicitó a sus asesores un informe jurídico sobre cómo acometer el cambio.

Fuentes conocedoras de ese proceso reconocen que el Ejecutivo no tenía prisa hasta hace poco por ejecutar esa reforma de la Constitución, ya que se inclinaba por incluir el techo del déficit en la ley de estabilidad presupuestaria. De hecho, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada a finales del pasado julio, se optó por atrasar hasta septiembre la votación sobre la regla de gasto.

Sin embargo, los acontecimientos motivaron que Salgado decidiera «tirar por elevación» y proponer un cambio constitucional. De ese modo, la ministra tenía hechos los deberes antes de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la cancillera alemana, Angela Merkel, exigieran el 16 de agosto a sus socios europeos la inclusión en sus normas básicas de un tope de déficit público.

Los expertos explicaron a la ministra que esa reforma era factible y que se podía realizar sin grandes problemas. Tal y como ahora se está estudiando, la fórmula consistirá en incluir una cláusula en el texto, ya que en la Constitución no se hace ninguna referencia al déficit público. La nueva norma se integrará en el título VII de la Carta Magna, que regula la Economía y la Hacienda, y para su aprobación solo precisará del aval de las tres quintas partes de los diputados y los senadores.

REDACCIÓN DEL TEXTO/ Los grupos parlamentarios comenzaron a redactar ayer el texto de esa cláusula, que se incorporará como un apartado en algún artículo para no tener que modificar la enumeración actual. Fuentes jurídicas justificaron la decisión de que los grupos lleven la iniciativa en la necesidad de no perder tiempo, lo que explicaría también que se haya renunciado a pedir un informe previo al Consejo de Estado.

Fuentes conocedoras de esos trabajos adelantaron que los diputados se inclinarán por una redacción flexible, aunque populares y socialistas están de acuerdo en otorgarle a la cláusula el rango de norma jurídica. Esa decisión no es baladí, ya que implica que será de obligado cumplimiento para el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «Los partidos nacionalistas catalanes y vascos tienen poco margen de maniobra, porque las normas constitucionales están por encima de cualquier otra norma, incluidos los estatutos de autonomía», subrayaron las fuentes consultadas.

REFERENDO INVIABLE / A pesar de ello, se confía en que el cambio cuente con el mayor apoyo parlamentario, ya que al ser una modificación «no agravada» los ciudadanos no pueden exigir la celebración de un referendo, como piden algunos dirigentes políticos, mediante la recogida de firmas. La consulta solo se hará si lo solicitan 35 diputados o 27 senadores, algo improbable en estos momentos ya que los grupos minoritarios no suman esos votos.

Tras la reforma constitucional se tendrá que redactar el reglamento que establezca el cumplimiento de esa norma. Fuentes jurídicas opinan que el Tribunal Constitucional (TC) será el encargo de declarar el incumplimiento del techo de gasto. Sin embargo, será otro organismo el que aplique las sanciones correspondientes, que pueden ir desde el bloqueo de las transferencias a las autonomías hasta la prohibición de refinanciar la deuda.

OTRAS MODIFICACIONES/ Por ello, los expertos también piensan que la reforma implicará otras modificaciones en leyes como la de la función pública, para poder abrir expedientes de regulación de empleo (ERE) en las administraciones, posibilidad ahora vetada. Las partidas de mayor gasto en todas las administraciones son las de personal y mantenimiento. Por ello el Gobierno, por ejemplo, ha optado por cubrir solo el 10% de las plazas de los funcionarios que se jubilan.