Anticorrupción pide 14 años de cárcel para Blasco por malversación

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, exconsejero de Solidaritat del Gobierno valenciano y todavía diputado autonómico del PP, por su presunta participación en el desvío de fondos públicos destinados inicialmente a ayudas para el desarrollo. La fiscalía considera a Blasco culpable de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. Las acusaciones se enmarcan en la primera pieza separada delcaso Cooperación,que investiga el desfalco de ocho millones de euros.

La Abogacía de la Generalitat, personada como acusación popular, solicita para Blasco 11 años y medio de cárcel y 31 de inhabilitación. Los socialistas valencianos, por su parte, elevan la petición de prisión para el exconsejero a 15 años. El presidente autonómico, Alberto Fabra, preguntado por la oposición en las Corts Valencianes, ligó su decisión de expulsar a Blasco del grupo parlamentario popular a conocer si el informe de la abogacía pedía o no cárcel para el exconsejero. Ayer, en cambio, Jorge Bellver -que sustituyó a Blasco como portavoz del grupo tras conocerse su imputación- pospuso la decisión hasta la apertura del juicio oral.

Además de para Blasco, que ha sido consejero en todos los gobiernos valencianos, incluidos los socialistas, de cuyo partido fue expulsado por sospechas de corrupción, la fiscalía ha solicitado penas muy duras para los altos cargos que actuaron, según Anticorrupción, a instancias del exconsejero. Para Josep Maria Felip, exdirector general de Cooperación, 10 años de cárcel y 19 de inhabilitación. Para el exsubsecretario Alexandre Català, 13 de cárcel y 22 de inhabilitación.

OTROS CARGOS / Para el exjefe de área Marc Llinares, ocho de prisión y 18 de inhabilitación. Para la exsecretaria general Tina Sanjuán, 13 años y medio de cárcel y 32 de inhabilitación. Y para el exjefe de gabinete Xavier Llopis, cuatro de cárcel y seis de inhabilitación. Para el cabecilla de la trama, el empresario Augusto César Tauroni, que lleva un año en prisión preventiva, pide 11 años de cárcel y 18 de inhabilitación.