Anticorrupción cree que Carlos Fabra pretende aplazar "sine die" su entrada en prisión

La Fiscalía Anticorrupción se niega a que el Gobierno de Mariano Rajoy conceda el indulto al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia Carlos Fabra, y así lo ha hecho constar de manera rotunda. El último escrito emitido por la fiscal desestima todas las alegaciones de la defensa del exbarón popular para que se le otorgue la medida de gracia y considera que su única estrategia es retrasar "sine die" su entrada en prisión, tras haber sido condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el conocido como 'caso Naranjax'.

En su informe, Anticorrupción estima que los factores esgrimidos por Fabra (el tiempo transcurrido desde que cometió los delitos -entre 1999 y el 2003- y la condena; la edad -68 años-; la enfermedad hepática que motivó que se le realizara un trasplante de hígado en el 2010 y que en la actualidad requiere tratamiento médico y su falta de antecedentes penales e inexistencia de peligrosidad criminal) no son "suficientes" para aconsejar una medida "tan marcadamente excepcional y singular" como es el indulto.

Además, la fiscal hace hincapié en que Fabra "se enriqueció durante el tiempo que estuvo en el ejercicio de sus funciones públicas, y por esos incrementos patrimoniales no justificados, ni declarados a la Hacienda Pública, fue condenado como autor de cuatro delitos fiscales". Una conducta que califica de "intolerable" e "inasumible" para la sociedad aunque no se trate de un delito calificado en sentencia como corrupción política.

386 FIRMAS FRENTE AL CLAMOR SOCIAL

Anticorrupción contrapone a este "lógico rechazo social" o esta "desaprobación ética de la sociedad" las 386 firmas de los ciudadanos que se han dirigido al Gobierno solicitando el indulto del condenado (muchas de ellas, por cierto, recogidas en el hemiciclo de las Corts valencianas, pasando de mano en mano entre los diputados populares en el transcurso de la sesión parlamentaria). Al respecto, la fiscal dice que estas firmas aparentan solo "muestras de simpatía". Frente a ellas, destaca que "lo verdaderamente llamativo es la inmensa mayoría de ciudadanos que, a través de los medios de comunicación escritos y redes sociales, dada la alarma y trascendencia social que estos hechos han tenido frente a la opinión pública, 'clama' para que se ejecute pronto la sentencia y se cumpla la pena".

Otro de los motivos alegados por el abogado defensor de Fabra, Javier Boix, es el de que su cliente tiene intención de pagar tanto la multa como la indemnización (de 1.692.000 euros cada una) que fijó la condena. A este respecto, la fiscal recuerda que el condenado no solo ha de de mostrar "su voluntad o compromiso de proceder al pago de las responsabilidades civiles", sino que está obligado a hacerlo y que, "hasta la fecha" no ha efectuado ingreso alguno.

El ministerio público concluye que las sentencias han de ser "acatadas, respetadas y ejecutadas" en su integridad, "pues lo contrario iría en contra de los principios básicos de democracia y del derecho a la tutela judicial efectiva del ofendido que, en este caso, somos los ciudadanos españoles, al haber resultado la Hacienda Pública perjudicada por los delitos fiscales cometidos por el condenado". Por todo ello, para Anticorrupción no existen razones que legitimen el indulto.