La fiscalía sospecha de Interior en el chivatazo a Ignacio González

La Fiscalía Anticorrupción no tiene dudas del amplio "círculo de acción" en "distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno de la policía" de Ignacio González "para lograr la impunidad de sus acciones". En el escrito con el que se opone a revocar la prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid por el 'caso Lezo', destaca "la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", José Antonio Nieto, quien se reunió con Pablo González, hermano del exdirigente del PP, el pasado 8 de marzo, dos días después de saberse investigados.

El ministerio público se remite a una conversación grabada el día 6 en el despacho de Ignacio González entre los tres hermanos -los dos imputados y la diputada autonómica Isabel González, cuyo esposo, Juan José Caballero, también es investigado en el caso. En ella muestran su interés en conocer quién está al frente de la policía "vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado". Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, añaden que "el auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado por lo que puede implicar".

En la comisión de Interior del Congreso, Nieto admitió la reunión con Pablo González, aunque la vinculó a la empresa pública Mercasa, de la que este era directivo antes de que estallase el 'caso Lezo', y negó conocer la operación en la que ya trabajaba la UCO, de la Guardia Civil, y que culminó con los arrestos del 19 de abril. Unas "explicaciones" que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, calificó de "suficientes" antes de remitirse a la pregunta que responderá este miércoles en el Congreso, si hubiera algo "relevante" que comunicar. De momento considera que "todo son hipótesis" y pidió "rigor" frente a ellas, informa Pilar Santos. 

La difusión del escrito del fiscal provocó una respuesta del Ministerio del Interior, que, este martes por la noche, ha emitido un comunicado en el que reclama a la fiscalía que aclare si imputa a Nieto algún cargo "y sobre la base de qué hechos objetivos". En caso de que no sea así, prosigue la nota, reclama a Anticorrupción "una nota aclaratoria a los medios de comunicación matizando o desmintiendo" su supuesta implicación en los hechos.

LOS CONTACTOS

La fiscalía, que se opone a la excarcelación de Ignacio González, recuerda en el texto que él mismo admitió ante el juez Eloy Velasco "haber recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, ministerio fiscal o judicatura para conocer el estado de sus casos", pero se cuidó de identificarla. A continuación reconoció un contacto con "algún alto cargo de la Policía para saber cómo estaban algunas cosas si tenían algún informe que le afectase". Según las escuchas realizadas en el caso, González le dijo a su hermana que "le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos".

Los fiscales, que en un escrito similar también se oponen a la excarcelación del consejero de 'La Razón' y exresponsable de la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, sostienen que ambos "se han valido de sus relaciones en distintos sectores para tratar de entorpecer el procedimiento". Han utilizado "vínculos" que trascienden la mera relación afectiva o profesional, añade, "para forjarse un pacto delictivo", cuyo principal nexo es "la ocultación de compenendas ilícitas pagadas con dinero público".

Para ello, González ha acudido a estructuras societarias en terceros países, como Suiza, Luxemburgo o Reino Unido, circunstancia que la fiscalía contrapone con la "situación de aislamiento social y económico" en la que se encuentra en España, tras destaparse el 'caso Lezo'. En opinión del ministerio público, eso "debilita los elementos de arraigo" que neutralizarían su huida.

EVITAR LA MANIPULACIÓN DE PRUEBAS

Además del riesgo de fuga existente por el dinero que pueda tener en paraísos fiscales, Anticorrupción se opone a su excarcelación, porque "Ignacio González ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación". Ello conlleva que su puesta en libertad suponga dejar abierta la puerta a que pueda manipular pruebas y realizar actividades para la ocultación de los fondos públicos que sustrajo. Recuperarlos es de especial relevancia para la investigación.