Andalucía recurrirá el incumplimiento de la ley de financiación autonómica

La Junta de Andalucía presentará en los tribunales un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno central por el "incumplimiento" de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), según ha anunciado este miércoles la presidenta autonómica Susana Díaz en su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad. La región considera que se han dejado de percibir hasta 8.000 millones de euros en los últimos años y que la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy a modificarla tal y como comprometió "vulnera" el Estatuto de Autonomía.

Díaz ha arremetido en numerosas ocasiones en su discurso contra la falta de apoyo y la asfixia a la que el Gobierno central somete a Andalucía, un "atropello" motivado ha dicho por "razones ideológicas" y que "lamentablemente cuenta con el aval y la complicidad del grupo mayoritario de esta Cámara", en alusión al PP.

La presidenta ha explicado que el cómputo de 8.000 millones que Andalucía ha dejado de percibir en los últimos años resulta de sumar el "incumplimiento escandaloso" de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que ha provocado que el Gobierno central haya dejado de invertir en esta comunidad 2.300 millones, y los más de 5.900 millones que se han dejado de recibir en concepto de liquidaciones del sistema de financiación, y que están recurridas en los tribunales. Y ha considerado que es "mucho dinero con el que podrían hacerse muchas cosas que las familias, empresas y trabajadores andaluces necesitan".

250 MILLONES MENOS

También ha reprochado que el Gobierno central "no dijo la verdad cuando aseguró que la reforma fiscal no afectaría a los ingresos de las comunidades", cifrando en 250 millones la merma de ingresos derivada de esa reforma en la región, y asegurando que los andaluces no van "a pagar los regalos fiscales a las rentas más altas" del país. Díaz ha asegurado que la "paralización" de la financiación autonómica significa "lisa y llanamente, dinamitar el estado del bienestar y socavar los servicios públicos esenciales". "Es un ataque en toda regla a la sanidad, la educación, la dependencia, la igualdad de oportunidades, la innovación, el desarrollo y a la creación de empleo", ha apostillado, ante el que Andalucía, "que tanto ha contribuido al equilibrio del país", no va a mantenerse "callada e impasible".

Frente a esta situación, Díaz ha destacado que "el despilfarro andaluz que tanto pregonan algunos" es el cumplimiento de compromisos como la reducción del déficit en el 2013 y del nivel de endeudamiento hasta el 19,2% del PIB, por debajo de la media del conjunto de comunidades.

El primer punto de su intervención ha estado dedicado sin embargo a la corrupción, en una comunidad marcada por los escándalos en el mal uso de los fondos públicos procedentes de la Consejería de Empleo. Díaz ha reiterado su compromiso de ser "implacable con la corrupción y con los corruptos" y, en consecuencia, "con ese sentimiento de repugnancia y desánimo que produce entre nuestros ciudadanos". Y ha advertido que "o acabamos con la corrupción o se convertirá en un lastre demasiado pesado para nuestra democracia, nuestra economía y nuestro futuro".

UNA NECESIDAD POLÍTICA

Para Díaz, combatir la corrupción política es "una exigencia ética, pero también una necesidad política de primer orden". Ha repetido su deseo de que "los que hayan cometido un delito, lo paguen cuanto antes, y los que sean inocentes vean restablecido su buen nombre", y ha recordado que su compromiso se traduce en nuevos controles para evitar que haya "el mínimo resquicio legal" para que casos como los ERE "puedan repetirse". Así, ha anunciado nuevas medidas para avanzar en la transparencia, entre las que ha citado la aprobación de una Ley que regule el Estatuto de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, el adelantamiento de la puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos y del Portal de la Transparencia, que empezarán a funcionar el primer trimestre de 2015 con un objetivo claro: "que la totalidad de los dineros públicos quede bajo el escrutinio de cualquier ciudadano". "Un ejercicio de transparencia sin precedentes en España y en la mayoría de los países de Europa", ha destacado.

La presidenta autonómica ha reconocido que "queda trabajo por hacer, investigaciones que completar, obligaciones que exigir, responsabilidades por señalar, modificaciones normativas por desarrollar", defendiendo no obstante que "nadie, honestamente, puede afirmar que mi voluntad anunciada el pasado año de ser implacable no se ha trasladado al terreno de los hechos".

Díaz también ha anunciado varios planes para reactivar el empleo y la actividad productiva en una de las regiones con más tasa de desempleo, al tiempo que ha propuesto que el Parlamento autonómico solicite al Gobierno central una norma para que la agricultura pague por el consumo real de energía que hacen y que se les aplique un IVA reducido. Y ha destacado avances en los trabajos para la creación del Instituto de Crédito de Andalucía, uno de los puntos exigidos en el acuerdo programático de Gobierno con IU.