Andalucía, un Gobierno bajo la lupa policial

Las últimas investigaciones policiales arrojan numerosas sombras sobre la gestión socialista de la Junta de Andalucía de las últimas dos décadas. Unas sospechas de corrupción que la actual presidenta, Susana Díaz, trató de cortar de raíz tras un rápido y sorpresivo relevo de José Antonio Griñán, del que en septiembre se cumple un año. El nuevo curso político, en cualquier caso, se presenta complicado para el PSOE-A, que además de encarar los escándalos judiciales deberá esforzarse en el plano electoral por recuperar un efecto Díaz que parece haberse matizado.

El último sondeo ha sido demoledor para los socialistas. La llegada de Díaz a la presidencia, con un discurso claro y sin adornos y con una sólida imagen de mujer de Estado en el resto de España, permitió recortar distancias con un PP convertido en el partido más votado en Andalucía en las autonómicas del 2012. A principios del 2014, el PSOE dio la vuelta al marcador y llegó a aventajar en 5,6 puntos a los populares.

La diferencia aumentó hasta los 10 puntos en las europeas de mayo, las primeras elecciones que ganaba el PSOE-A después de tres derrotas seguidas (municipales, generales y autonómicas). Pero parece que los andaluces piden algo más allá de la personalidad de la presidenta, que no obstante sigue siendo la dirigente política mejor valorada. Así, la encuesta de la Universidad de Granada señala un empate técnico con el PP y certifica el ascenso de fuerzas como Podemos a costa de socialistas e IU. El resultado ha descolocado al Ejecutivo, que llegó a insinuar a través de su portavoz un exceso de «cocina».

UNA TAREA DIFÍCIL / Una de las razones del desplome tal vez haya que buscarla en los juzgados, donde no cesan de surgir informaciones sobre un posible uso fraudulento de los fondos públicos y, por extensión, la alegría con la que los gobiernos socialistas daban esos fondos. La preimputación, ya en manos del Tribunal Supremo, de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y varios exconsejeros en el caso de los ERE fraudulentos el mismo día de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Díaz hizo entrever que sería difícil desmarcarse de las sospechas.

Y es que las investigaciones policiales han puesto su punto de mira en la Junta de Andalucía. El primero en salir a la palestra fue el mencionado caso ERE. En el escrito para elevar la causa al Supremo, la jueza Mercedes Alaya insiste en que la cúpula de la Junta se alió para implantar un procedimiento irregular que permitió dar 721 millones de euros en ayudas sin control y de forma arbitraria o pagar regulaciones de plantilla con cargo a las arcas públicas. Cuatro años de investigación y 201 imputados después colocan en el centro de la trama a la Consejería de Empleo y, de manera inédita, ponen a dos expresidentes y siete consejeros ante los jueces. Tanto Chaves como Griñán rechazan cualquier supuesta confabulación y niegan que los cargos públicos aforados se hayan enriquecido con esos fondos.

La investigación sobre el supuesto lucro de los sindicatos, abogados y empresas mediadoras que tramitaron esas prejubilaciones -llenas de intrusos- llevó a la jueza a descubrir además cómo UGT articuló un sistema de facturas falsas para desviar fondos públicos a sus gastos internos, montando una suerte de «financiación alternativa».

En el origen de estas pesquisas figura la declaración de un exjefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, quien relató las «importantes irregularidades» cometidas por «todos los responsables de la Administración» que dieron ayudas. Fallos que se dieron desde la adjudicación «arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas política e incluso familiarmente con altos cargos del PSOE andaluz, así como de la propia Junta», hasta en la gestión o la justificación «sin control adecuado», según consta en el sumario. Las irregularidades se repiten en una sociedad de capital riesgo de la Junta, Invercaria, investigada por el destino dado a 50 millones de euros.

La formación es el epicentro de las últimas pesquisas conocidas, y que se saldan con la detención del exconsejero de Hacienda (1987-1990) y destacado socialista gaditano, Ángel Ojeda. La Policía sospecha que montó un entramado de empresas en Cádiz para captar subvenciones, aprobadas además por un familiar alto cargo. En Málaga se investiga también otro fraude millonario en la concesión de ayudas a empresas de formación que no dieron los cursos, falsificaron listados de alumnos o incumplieron los compromisos de contratación. Los agentes hablan en este caso de una «red clientelar» con el objetivo de «comprar votos», según denuncia el PP-A. Tanto escándalo ha cansado incluso a IU, que no duda en cargar contra su socio de gobierno y acusarle de creerse durante tres décadas «que gerenciaba un cortijo y no una administración».