Algunos ayuntamientos no registran la carta de la Moncloa por el 1-O

La estrategia consiste en no sellar el recibo de la misiva para evitar su cumplimiento

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Diferentes ayuntamientos catalanes han optado por no registrar como recibida la misiva del Gobierno, en la que les pide la “colaboración” para “garantizar el respeto a la legalidad” ante cualquier intento de impulsar acciones que permitieran celebrar la consulta del 1-O.

Estos consistorios, según ha avanzado RAC1, cuando reciben la carta no la marcan con el sello de oficial de registro, por lo que a nivel formal no hay constancia del recibo de esta. La Associació Catalana de Municipis (ACM) está computando cuántos consistorios han practicado esta maniobra. El alcalde de Tavèrnoles (Osona), Carles Banús, ha hecho pública su estrategia a través de las redes sociales y ha denunciado que la carta se debía haber recibido por vía telemática siguiendo la ley de procedimiento administrativo.

El diputado de Junts pel Sí en el ParlamentLluís Llach, ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

LA AMI TILDA DE "LAMENTABLE" EL ENVÍO DE MISIVAS

La presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha tildado de "lamentable" las cartas del Gobierno y ha asegurado que se trata de un episodio más de la "política del miedo" que quieren instaurar. De todas formas, ha garantizado que con la ley del referéndum los funcionarios "quedarán plenamente protegidos".

Por otra parte, la representante de la entidad soberanista ha calificado de "nuevo obstáculo" la anulación de la disposición 40 que contempla que el Govern habilite las partidas necesarias para garantizar el referéndum aunque ha afirmado que "saldrán adelante" porque "hay un mandato democrático". 

MÁS DE 1.500 CARTAS

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, envió más de 1.500 cartas a los funcionarios que están a su cargo en las 993 entidades locales de Catalunya, unas misivas en que les pide su "colaboración" para garantizar "el respeto a la legalidad" .

En el texto, el Gobierno advierte a los consistorios de que el referéndum "atenta" contra la Constitución y el Estatut, como "lo ha señalado el Tribunal Constitucional", que "ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Catalunya y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum". Por eso, les prohíbe, entre otras acciones, ayudar en la formación del censo y reservar espacios públicos para actos de campaña.