La buena estrella de los Pujol

Los hermanos Pujol Ferrusola rechazan que hayan cometido actos de corrupción y aseguran que sus ganancias obedecen a su buena fortuna en sus negocios, ya que sus exiguas inversiones les reportaron importantes plusvalías. Así consta en los recursos presentados por sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo, contra los autos de entrada y registro que dictó contra ellos el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Los letrados piden que se declaren nulos dichos registros y que no se tenga en cuenta la documentación intervenida en los mismos.

Los abogados explican una de las operaciones más controvertidas de Josep, Pere, Oleguer y Jordi Pujol Ferrusola con la familia Sumarroca. Se trata de la compra de acciones de General Lab (que formaba parte de una sociedad patrimonial de esta familia) por 6.000 euros cada uno sin que conste ningún tipo de documentación, según el juez. Los hermanos usaron luego una empresa de Josep, MT TAHAT, "para obtener más de un millón de euros por la venta de estas acciones a una compañía francesa".

Pues bien, los letrados dan otra versión. Explican que esta operación se llevó a cabo en septiembre del 2003 y que los hermanos no podían saber cómo "iba a evolucionar el mercado farmacéutico". Y rechazan que esta actividad tenga algo que ver con una conducta de corrupción porque no se desarrolló en el ámbito de la Administración pública.

Y es que en los recursos se insiste en varias ocasiones en presentar a los hermanos Pujol como unos buenos negociantes, pero ajenos a la Administración. Por ejemplo, aseguran que Jordi Pujol júnior ha desempeñado a lo largo de los años un papel de gestor del legado familiar y luego ha controlado "el ingreso de fondos de mercantiles", pero solo "cuando no ejercía ninguna responsabilidad en la gestión pública".

MEDIDA DESPROPORCIONADA

Por ello, los abogados sostienen que los registros a que fue sometido el clan fueron desproporcionados y aseguran que se podían haber obtenido los datos que recabaron solicitando información a sociedades, a la Agencia Tributaria y a bancos. Y confirman que Josep se acogió a la amnistía fiscal en el 2012 en plazo, al contrario que Pere, que lo hizo fuera de plazo y por ello tiene que hacer frente "a una draconiana sanción del 150%" para regularizar los fondos que tenía en Andorra. También aseguran que los posibles delitos cometidos por tener ese dinero en el principado han prescrito. 

Por su parte, en su recurso, Mercè Gironès se siente "engañada" por su exmarido, Jordi Pujol Ferrusola, y se desmarca de otro pelotazo urbanístico, de 4,8 millones de euros, al explicar que fue un ayuntamiento del PSC el que recalificó unos terrenos urbanos que compró a su cuñado porque estaba pasando "dificultades económicas". También lamenta en su escrito "la inflamación informativa" que sufrió al comenzar este caso en el 2012 y las filtraciones que se hicieron "desde todas las instancias políticas, especialmente desde el Ministerio del Interior", para justificar que liquidara su actividad empresarial en el 2013.