EL 'CASO MERCURI'
La alcaldesa de Montcada declara que Francisco Bustos la presionó para que fichara a Llumà
De izquierda a derecha, Daniel Fernández, Manuel y Francisco Bustos y María Elena Pérez, este miércoles, 28 de enero, en el juicio por el 'caso Mercuri'. / periodico
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa alcaldesa de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), María Elena Pérez, ha reconocido ante el juez que el concejal en el Ayuntamiento de Sabadell Francisco Bustos la presionó para que contratara a Carmina Llumà, que fue cargo del tripartito. No obstante, Pérez, imputada por presunta prevaricación, ha asegurado que no cedió a esas presiones y que fichó a Llumà porque la consideró "la candidata idónea".
En el juicio del 'caso Mercuri', que ha empezado este miércoles en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el exdiputado del PSC Daniel Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, hermano del concejal, han negado, en cambio, haber intentado influido en la decisión. La tesis de la fiscalía es que Pérez fue presionada por Fernández y los hermanos Bustos, todos ellos acusados de tráfico de influencias.
Aunque ha defendido la legalidad del proceso de selección, Pérez sí ha admitido que pidió a las técnicas que declararon inicialmente "no apta" a Llumà que cambiaran las condiciones del proceso para adjudicar la plaza. La plaza era de libre designación hasta entonces y, por primera vez, se decidió hacer un concurso.
La empresa de recursos humanos que contrató el Ayuntamiento de Sabadell le remitió un correo el 15 de mayo del 2012 en el que, en una valoración previa, calificaba como "no apta" a la excargo del tripartito. Pérez ha negado que, en una reunión posterior con dos técnicas de la empresa, el concejal de urbanismo, el responsable de recursos humanos y un miembro del tribunal que debía elegir al mejor aspirante ella pidiera modificar el "no apta" ni que les exigiera rebajar el nivel.
ELEVAR EL LISTÓN
Según la versión de la alcaldesa, lo que pidió a las técnicas fue todo lo contrario: que modificaran los criterios para elevar el listón porque lo que realmente necesitaba era una jurista experta en urbanismo. "¿De qué me sirve a mi si sabe reorganizar personal y no sabe de urbanismo?", se ha preguntado ante el tribunal. Y ha afirmado: "En ningún caso se les dijo que cambiaran [el no apta por el apta], sino que tuvieran en cuenta los criterios que estábamos planteando".
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