La ordenación de un sector controvertido

Los alcaldables de BCN quieren acotar los clubs cannábicos

Usuarios del club cannábico La Maca, en Barcelona.

Usuarios del club cannábico La Maca, en Barcelona.

VÍCTOR VARGAS LLAMAS / BARCELONA

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Es casi imposible disociar en Barcelona la ronda de Sant Antoni de los comercios de informática, o no pensar en las zapaterías al hablar de la zona de Portaferrissa, u olvidarse de la calle de Trafalgar si se quiere entablar negociaciones con mayoristas chinos. Zonas de la ciudad que con el paso de los años se han consolidado como una referencia ineludible de determinadas áreas de consumo. Una denominación de origen relacionada con calles y barrios que las candidaturas que optan a la alcaldía de la capital catalana quieren evitar a toda costa cuando se trata de ubicar a los clubs cannábicos.

Esa es una de las principales consideraciones que los partidos de la oposición esperan que incluya la ordenanza o el plan especial que el gobierno municipal de Xavier Trias se comprometió hace casi un año a aprobar antes de las elecciones municipales, convocadas para el 24 de mayo. El alcaldable socialista para Barcelona, Jaume Collboni, aboga por una regulación de las asociaciones de autoconsumo que «evite la concentración de estos locales en zonas concretas» de la ciudad.

Un extremo en el que coinciden miembros destacados de otras listas, como Laia Ortiz, portavoz de Barcelona en Comú, que muestra su preocupación por el riesgo potencial de «una densificación de estos locales» en algunas áreas si no media una ordenación de esta actividad «que revierta el modelo actual». Entre los riesgos que comporta esta indefinición normativa, la popular Belén Pajares, que integra la lista encabezada por Alberto Fernández Díaz, cita el de los «problemas de seguridad y de convivencia con el vecindario» que, sostiene, ya se producen en algunos espacios urbanos.

Desde las filas de ERCJordi Coronas apunta a un «vacío legal que ha facilitado el crecimiento de estas asociaciones», y posibilita que «en muchos casos se aleje de las buenas prácticas», al tiempo que causa «inseguridad jurídica para los que sí las tienen en cuenta». Esa «proliferación» también la asumen desde las filas de CiU, que identifican las quejas de los vecinos, pero advierten de que se trata de «asociaciones, no locales de pública concurrencia, aspecto que dificulta su regulación». No obstante, apuntan a la necesidad de evitar su «concentración en algunos distritos» y apelan a pautar un «control» para optimizar su encaje en la ciudad.

ESPECULACIÓN

Para Ortiz, es necesario implementar un modelo «basado en el asociacionismo», que sea «compatible con la convivencia y garantice los derechos de los usuarios». Y propone una regulación que evite la especulación para que el lucro no alumbre la finalidad de estas asociaciones y evitar que Barcelona se identifique en el extranjero como un referente del «turismo cannábico».

Collboni precisa algunas de las iniciativas que alejarían estos peligros, como «una carencia de 15 días desde la adscripción a la asociación». Y echa la vista atrás para denunciar que en el pasado «ya se hizo mal al aceptar la apertura de los locales con la simple presentación de un comunicado para una actividad que genera tanta controversia». Eso explica, según el socialista, que «se hayan triplicado los locales de autoconsumo en menos de un año».

La candidatura republicana, encabezada por Alfred Bosch, recuerda que algunos clubs barceloneses han expedido «hasta 5.000 carnets de socio» para evidenciar que «se promueve el consumo y se prioriza el interés económico». Para evitar esas carencias, Coronas propone «un proceso participativo que implique a diversos sectores, desde la sanidad a la educación, pasando por la justicia» y en el que incluye, «por descontado, a las propias asociaciones».

A esa transversalidad se suman PSC, Barcelona en Comú y el PPC, especialmente al ser conscientes de las limitaciones competenciales que tienen los municipios. Desde los populares, Pajares aboga por una normativa base, «un proyecto de ley» donde intervengan todos los departamentos de la Generalitat que estén implicados de alguna forma con esta regulación. «Después será cada municipio el que ajuste esa normativa en función de sus características y necesidades».

Y sin olvidar a los vecinos, sujetos pasivos a los que se refiere Ortiz para garantizar «un abordaje integral» del fenómeno. Y un actor imprescindible para consensuar aspectos claves, como el aforo máximo de los clubs y los horarios a aplicar.